Cuando la ciudadanía protesta y vigila

Después de varias manifestaciones ciudadanas exigiendo la renuncia del fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, involucrado en denuncias de corrupción en la justicia y señalado de obstruir los procesos del escándalo Odebrecht, el funcionario dejó su cargo. / Foto: EFE

En Perú acaba de ocurrir un hecho que no debería pasar desapercibido para los colombianos. Después de varias manifestaciones ciudadanas exigiendo la renuncia del fiscal general, Pedro Chávarry, involucrado en denuncias de corrupción en la justicia y señalado de obstruir los procesos del escándalo Odebrecht, el funcionario dejó su cargo. Más allá de los paralelos que se puedan trazar entre la realidad peruana y la colombiana, el mensaje más importante es que las manifestaciones populares son una importante manera de ejercer vigilancia y exigir responsabilidades. En medio de tantos escándalos por corrupción, ¿por qué los colombianos no han protestado? La marcha convocada para hoy, independientemente de su afluencia o sus intereses particulares, es un buen primer paso.

La situación en Perú estalló el 31 de diciembre del año pasado. Ese día, el fiscal Chávarry decidió retirar de sus cargos a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes investigaban, ente otros, al expresidente Alan García y a la líder opositora Keiko Fujimori, ambos vinculados con las prácticas corruptas de Odebrecht para infiltrar el Estado peruano y obtener contratos a punta de coimas. Según los fiscales, la remoción de sus cargos frustró un acuerdo que estaban a punto de firmar con los funcionarios de Odebrecht, lo que hubiera permitido obtener más declaraciones para entender lo ocurrido en ese país con el escándalo más grande de corrupción de América Latina.

Indignados, los peruanos convocaron la gran marcha en defensa de la justicia y contra la corrupción, exigiendo la renuncia de Chávarry. Clamor al que se sumaron distintas organizaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, inicialmente el fiscal no renunció, pero sí se vio forzado a reinstaurar en sus cargos a los fiscales mencionados. A los pocos días, no obstante, se supo que miembros de su guardia personal, junto a una de sus asesoras, entraron sin permiso a un espacio que había sido clausurado para investigar un caso de corrupción. Como explica La República, de Perú, “cabe precisar que al exfiscal de la nación se le cuestionan sus relaciones con el procesado exjuez César Hinostroza, sus lazos con el empresario Antonio Camayo, así como las dudas sobre sus notas académicas, entre otros temas”. Después de todo eso, y al ver que las marchas no cesaban ni perdían fuerza, Chávarry renunció.

Lo que, necesariamente, nos aterriza en Colombia. Hoy está convocada la primera marcha ciudadana en respuesta a los escándalos de corrupción de Odebrecht. Aparte de la consulta anticorrupción, no ha habido en el país este tipo de reacciones ante el factor que es identificado por muchos colombianos como el principal lastre que debe solucionarse. ¿Por qué esa ausencia de clamor popular hasta ahora?

La manifestación de hoy pide la renuncia del fiscal, Néstor Humberto Martínez. No nos parece que se trate de una situación análoga a la del Perú, pues sobre el funcionario colombiano no recaen denuncias de corrupción, sino un conflicto de intereses por su pasado como abogado. Sin embargo, la frustración es entendible, especialmente después de que el proceso de selección de un fiscal ad hoc fuese manejado de manera lamentable por todos los involucrados, incluyendo al presidente Iván Duque, quien nominó candidatos que no garantizan independencia ideológica ni tienen experticia en derecho penal para un caso que lo que necesita es, precisamente, total transparencia y autonomía.

En Perú ya hay tres expresidentes judicializados. Nuestra invitación a la ciudadanía es que se siga involucrando en la supervisión de las actuaciones judiciales sobre estos casos, pues hay razones para estar vigilantes. También hacemos un llamado a los dirigentes políticos para que se abstengan de instrumentalizar las manifestaciones a su favor y de usarlas como un campo de batalla para confrontaciones partidistas. Es el momento de los ciudadanos, de que sean conscientes del poder que tiene su voz cuando deciden alzarla para exigir respuestas.

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