Cuidado con la “participación cívica”
Sobre el papel, la idea no suena mal. ¿Cómo no incluir a la ciudadanía, que es la que sufre de manera directa los efectos de la inseguridad y los criminales, en el proceso de lucha contra ellos? ¿Acaso no es una fuente esencial de inteligencia el que la gente tenga las herramientas para “cooperar” con las autoridades en la lucha frontal contra el delito? ¿No queremos, acaso, que Colombia esté unida ante el terrorismo y todas sus variaciones?
El Espectador
La práctica, no obstante, es otra historia, y la experiencia colombiana con la participación de los civiles en la lucha contra la criminalidad está plagada de abusos, dolores y problemas de los que no nos hemos despojado, pese a esfuerzos de varias décadas.
Después del atentado del Eln contra la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente de la República, Iván Duque, dijo que “nuestro Gobierno seguirá impulsando las redes de participación cívica a través del trabajo mancomunado entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, para obtener información que permita desmantelar sus estructuras”.
Desde su llegada a la Casa de Nariño, el Gobierno Duque ha venido conformando y fortaleciendo redes de cooperantes en Antioquia, Atlántico, Cauca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta y Tolima. Solo en Medellín y Barranquilla, durante el año pasado, el número de miembros de estas redes alcanzó los 40.000 y 13.000, respectivamente, según las cifras de Presidencia.
En otras palabras, las redes de cooperantes, que fueron populares durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, ya son una apuesta esencial de la estrategia de seguridad de la administración Duque.
Son varios los problemas que surgen con esta situación. Por un lado, cada vez que se involucra a la ciudadanía en este tipo de actividades se abre la puerta para los abusos, las estigmatizaciones y la infiltración de grupos ilegales.
Abundan las denuncias de cómo grupos paramilitares se vincularon a las redes de cooperantes, dando información a las Fuerzas Armadas que iba acorde a su visión sesgada de la realidad.
Los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y las personas que son mal vistas por la ciudadanía por su labor crítica terminan, en esta dinámica, siendo víctimas de la vigilancia y la persecución, cuando no de la violencia física o la muerte. ¿Ese es el tipo de país que queremos construir?
Hace poco se conoció una grabación del expresidente Álvaro Uribe, en una reunión en Montería, donde decía que “sin cooperantes no hay política de seguridad, el programa de cooperantes hace falta. Hay un gran reclamo ciudadano; la gente del Cesar —y anoche me lo dijeron en privado— ya amenazó con armarse ilegalmente”.
La cooperación ciudadana y la flexibilización del porte de armas son dos caras de la misma moneda. Aunque se hagan con fines loables, terminan fomentando la justicia por mano propia, vulnerando el debido proceso, diluyendo el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado y, como ha pasado en tantas ocasiones, deviene en tragedias de personas inocentes.
Apoyamos la necesidad de combatir el terrorismo y los grupos armados ilegales que están proliferando, apoyados por el narcotráfico. Pero la experiencia le pide al Gobierno cautela extrema. No cometamos los mismos errores del pasado.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
La práctica, no obstante, es otra historia, y la experiencia colombiana con la participación de los civiles en la lucha contra la criminalidad está plagada de abusos, dolores y problemas de los que no nos hemos despojado, pese a esfuerzos de varias décadas.
Después del atentado del Eln contra la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente de la República, Iván Duque, dijo que “nuestro Gobierno seguirá impulsando las redes de participación cívica a través del trabajo mancomunado entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, para obtener información que permita desmantelar sus estructuras”.
Desde su llegada a la Casa de Nariño, el Gobierno Duque ha venido conformando y fortaleciendo redes de cooperantes en Antioquia, Atlántico, Cauca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta y Tolima. Solo en Medellín y Barranquilla, durante el año pasado, el número de miembros de estas redes alcanzó los 40.000 y 13.000, respectivamente, según las cifras de Presidencia.
En otras palabras, las redes de cooperantes, que fueron populares durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, ya son una apuesta esencial de la estrategia de seguridad de la administración Duque.
Son varios los problemas que surgen con esta situación. Por un lado, cada vez que se involucra a la ciudadanía en este tipo de actividades se abre la puerta para los abusos, las estigmatizaciones y la infiltración de grupos ilegales.
Abundan las denuncias de cómo grupos paramilitares se vincularon a las redes de cooperantes, dando información a las Fuerzas Armadas que iba acorde a su visión sesgada de la realidad.
Los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y las personas que son mal vistas por la ciudadanía por su labor crítica terminan, en esta dinámica, siendo víctimas de la vigilancia y la persecución, cuando no de la violencia física o la muerte. ¿Ese es el tipo de país que queremos construir?
Hace poco se conoció una grabación del expresidente Álvaro Uribe, en una reunión en Montería, donde decía que “sin cooperantes no hay política de seguridad, el programa de cooperantes hace falta. Hay un gran reclamo ciudadano; la gente del Cesar —y anoche me lo dijeron en privado— ya amenazó con armarse ilegalmente”.
La cooperación ciudadana y la flexibilización del porte de armas son dos caras de la misma moneda. Aunque se hagan con fines loables, terminan fomentando la justicia por mano propia, vulnerando el debido proceso, diluyendo el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado y, como ha pasado en tantas ocasiones, deviene en tragedias de personas inocentes.
Apoyamos la necesidad de combatir el terrorismo y los grupos armados ilegales que están proliferando, apoyados por el narcotráfico. Pero la experiencia le pide al Gobierno cautela extrema. No cometamos los mismos errores del pasado.
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