¿Cuáles son, pues, los factores? El cambio climático es el primero. El aumento drástico de las lluvias, la presentación de inundaciones, las sequías y los incendios forestales consecuentes no solamente han hecho que la pesca disminuya de una forma notable, sino también han dejado inutilizado el suelo que usualmente se usa para la siembra. Los efectos devastadores de las lluvias y de los veranos han servido en parte para prender las alarmas del Gobierno. Éste, sin embargo, debe trazar un enfoque diferenciado a la hora de tratar los problemas que causa el clima en las distintas poblaciones. Para el caso de esta región, no se ha actuado de esta manera. La ayuda se da de forma sistemática y, si se quiere, ciega. Los indígenas empiezan a actuar en consecuencia y muchas veces se los tilda de culpables de su propia situación. Pero en este tema reina, sobre todo, la ignorancia.
En un informe que este diario presentó el viernes de la semana pasada podía leerse la opinión de Carol González, miembro de la Organización de los Pueblos y Autoridades Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opaic), quien aseguraba que la ayuda del Estado era, sobre todo, de carácter asistencialista. Envían cosas raras para los indígenas, como galletas, leche o bienestarina, dañando la alimentación tradicional que siempre ha existido y de la que han vivido durante décadas. No está mal que el Gobierno responda ante el cambio climático, es su deber, pero afinar el programa de ayuda depende esencialmente de conocer la población a la que va dirigido.
Pero hay más. A esta realidad se suma el peligro constante de la pesca comercial y de la minería, legal e ilegal. Los avances en el desarrollo de un país multicultural como Colombia deben darse en un escenario que respete las tradiciones y los derechos de la población indígena. Estas nuevas formas de las que el Estado saca provecho se pasan muchas veces por la faja las complicadas relaciones que los indígenas tienen con el territorio.
Solos, honrando sus tradiciones, viven bien. De acuerdo con Luis Eduardo Acosta, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, los pobladores tienen la capacidad de adaptación al cambio de la naturaleza. Pero no así a la mano del “hombre blanco”. Los índices de VIH, malaria o dengue se han incrementado por obra de la colonización desordenada, las actividades extractivas y los cultivos ilícitos. El hambre es una amenaza cuando los conocimientos ancestrales son reemplazados fácilmente por otras instancias: como actividades mineras que generan regalías o como pesca sistemática y en alta sobreproducción en los ríos que una vez les pertenecieron. El hambre también depende de la cosmovisión. Es importante que el Gobierno lo sepa.
A la par de todos estos procesos, se sabe que las locomotoras del gobierno de Juan Manuel Santos avanzan a todo vapor. El Gobierno tiene el plan de convertir 17 millones de hectáreas de la Amazonia y la Orinoquia en zonas de minería estratégica.
Llegó la hora de pensar mejor en estas regiones. No sólo en términos de ayuda estatal o de elección de territorios “viables” para la minería para el crecimiento económico sin cotas: sobre todo para fortalecer los procesos internos de las comunidades que quedan volando entre la civilización occidental y sus propias costumbres. Aún no hay hambre, pero ya se presentan algunos casos de desnutrición. Puede que no sea demasiado tarde.