Darles un respiro a las cárceles en crisis

La crisis carcelaria requiere acciones contundentes para evitar una tragedia ocasionada por el COVID-19. / Foto: AFP

No podemos olvidar a las personas privadas de su libertad en medio de la crisis por el COVID-19. Los motines que se vieron el viernes pasado y terminaron con 23 personas muertas y 83 heridas por un aparente plan de fuga se unen al nerviosismo que vienen expresando los reclusos por sus condiciones de salud. Es momento de tomar medidas contundentes ante una problemática compleja.

El país lleva varios años en crisis carcelaria. Incluso antes de que la pandemia nos pusiera de presente las condiciones inhumanas de los centros de reclusión, la Corte Constitucional y organizaciones de la sociedad civil venían denunciando que es muy complicado garantizar mínimos de salubridad en ambientes repletos. Las cifras son abrumadoras: un total de 121.670 personas privadas de la libertad se hallan en las 134 cárceles del país, que solo tienen cupo para 80.763. Es decir, el hacinamiento asciende al 50 %. Un brote de COVID-19, en estas condiciones, generaría una crisis mayor y muy difícil de controlar.

No es solo en Colombia. Varios países han visto motines y tenido problemas garantizando la salud de las personas privadas de su libertad. En tiempos de crisis, tenemos que tomar acciones cuanto antes.

Hace unas semanas, el Inpec había adoptado medidas, como restringir las visitas y las salidas de la cárcel. Pero eso, como contó El Espectador, ha empeorado ciertas situaciones, pues el principal medio de dotación que tienen muchas personas privadas de la libertad es a través de los familiares que van a visitarlos y llevarles implementos sanitarios y de vestimenta. Desde El Buen Pastor, cárcel de mujeres, por ejemplo, se está denunciando desabastecimiento en productos de higiene femenina.

Como dice Libardo Ariza, académico experto en cárceles, “mientras haya gente durmiendo en el suelo o vivan seis personas por celda, es imposible frenar una pandemia”.

Hay opciones. Ya la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo le pidieron al Gobierno decretar emergencia carcelaria. Amparada en el estado de excepción en el que entramos por la crisis del COVID-19, la administración de Iván Duque podría redirigir recursos económicos para solventar las necesidades más críticas. Además, se puede considerar un plan de liberaciones que saque de las cárceles a quienes no representan un mayor peligro para la sociedad.

Sobre eso último, Ariza y el experto Fernando Tamayo escribieron en Cerosetenta que “las poblaciones que presentan riesgos particulares de muerte derivada de la pandemia deberían ser sometidas a un sistema de encierro domiciliario o su liberación definitiva”. También recordaron que hay “más de 35.000 personas privadas de la libertad que no han sido condenadas por ningún delito”. ¿Por qué no darles un respiro a las cárceles tomando decisiones sensatas y humanas ante una situación extraordinaria como la presente?

El COVID-19 ha puesto en los reflectores muchas deudas que tenemos como sociedad. Una de ellas es con las personas privadas de su libertad. No podemos ignorar a una población en crisis.

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