Lo restante era asignado por organizaciones como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Aunque todas ellas tenían misiones específicas, no faltaron los problemas de coordinación en la implementación de programas multidimensionales. La creación de una entidad rectora con unidades adscritas estaba pendiente. En ese sentido hizo bien el Gobierno al aprovechar la experiencia del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, encargado de dirigir las políticas de desarrollo económico nacional, y replicarla creando un departamento para atacar directamente la pobreza. La economía del país puede crecer, pero esto no significa que la nueva riqueza llegue a todos y, ciertamente, no significa que llegue a los más necesitados. La intervención del Estado es indispensable, y es indispensable, además, que sea comprensiva, ambiciosa y efectiva.
Como bien lo recordó el presidente Santos en la presentación del nuevo departamento administrativo, cerca del 37% de los colombianos viven en condiciones de pobreza —esto es, cerca de 17 millones de personas— y alrededor del 12% de la población vive en condiciones de pobreza extrema —5,6 millones—. Así, a lo que el país se enfrenta es a la expulsión de casi la mitad de la población del sistema económico y, aunque con derecho al voto, también de su expulsión del sistema político. Orientar las políticas públicas a la superación de la pobreza expresa la voluntad gubernamental de garantizar, no sólo el desarrollo de los más necesitados, sino el mantenimiento de un sistema democrático relativamente funcional. Voluntad que se interpreta también en el desplazamiento al nuevo Departamento para la Prosperidad de programas de la Presidencia como Familias en Acción. Es importante reconocer la renuncia del mandatario a la dirección directa e inmediata de tan importante fortín electoral.
La buena voluntad y el buen norte del presidente Santos parecen, sin embargo, no haberse complementado con nombramientos indiscutiblemente acertados para la nueva entidad. Aunque es claro que un presupuesto de más de 5,6 billones exige perfiles técnicos para evitar su politización y malversación, el sector privado no es precisamente fuente única y pura de profesionales serios; en cambio, la experiencia del manejo de lo público es difícil de improvisar. Así bien, aunque tranquilizan hojas de vida como la de Diego Molano, con una larga trayectoria en el diseño e implementación de políticas sociales, inquieta que para atacar la pobreza extrema fuera nombrado Samuel Azout, antigua cabeza del grupo de supermercados Carulla, y como director general del Departamento fuera nombrado Bruce Mac Master, experto en banca de inversión.
Inquieta igualmente la fusión de las políticas para atacar la pobreza, por un lado, y la atención y reparación integral de las víctimas, por el otro. Si bien en el país la miseria está altamente ligada a los estragos del conflicto y, en esa medida, es acertado hacer converger ambos esfuerzos, éstos no son de la misma naturaleza y es importante que la cabeza de la entidad lo sepa. Por fortuna, Álvaro Balcázar, reconocido conocedor de tierras, y Paula Gaviria, experta en reparación y reconciliación, son dos nombramientos que compensan los miedos que puede generar la nueva dirección. De todas formas, todavía son más las especulaciones que las certezas. Hay que esperar a ver cómo se termina de formar el nuevo departamento. Una formación que, no sobra señalar, exige más que los recursos que traían consigo Bienestar Familiar y Acción Social. Ciertamente, de lo que se trata no es de repartir el mismo presupuesto en una mayor burocracia.