Desaforados

LA LEY DE EQUILIBRIO DE PODERES llega a su sexto debate con ya algunos cuestionamientos en contra. “Esto es la feria del fuero”, dijo el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, durante un conversatorio realizado en la Universidad de los Andes, con el apoyo de El Espectador y el centro de estudios Dejusticia.

Lo dijo en referencia a la aprobación, en quinto debate, de un fuero especial para el procurador, el defensor del Pueblo y el contralor. “Ellos no cumplen funciones jurisdiccionales”, señaló. Y criticó que, si la idea es dotar de un fuero particular a todo aquel que cumple con funciones especiales, “habría que darles el mismo fuero a los ministros o al director del ICBF”.

“No debemos hacernos mayores expectativas con esto que llamamos reforma a la justicia en el equilibrio de poderes. Con esta reforma no se van a solucionar los problemas de la justicia”, sostuvo Perdomo durante el evento. “Esta es una reforma para equilibrar la carga de poderes entre los poderosos”, señaló, por su parte, la senadora Claudia López. Hay que tenerlo claro: esta ley no va a solucionar los graves problemas de la justicia en Colombia.

Porque esta no es una reforma a la justicia, sino una ley para reestructurar el Estado y lograr que el sistema de pesos y contrapesos, tan necesario para la democracia, funcione. Y, por ello, esta no es una ley menor y debe ser tramitada con el mayor cuidado. El Gobierno y el Congreso tienen que evitar, a toda costa, que con esta ley ocurra lo mismo que con la reforma a la justicia de 2012 que, como ya se sabe, fue atajada por el primer mandatario, a último minuto, antes de que se convirtiera en un bosque lleno de “micos”.

Lastimosamente el trámite de la ley de equilibrio de poderes ya se ha visto empañado por controversias y señalamientos. Por ejemplo, entre el senador Armando Benedetti y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, debido a los cuestionamientos del primero al otorgamiento de un fuero especial para el vicepresidente y a los señalamientos, por parte de algunos sectores, contra una norma que, de haber sido aprobada, le hubiera cerrado las puertas al vicepresidente para presentarse a las elecciones de 2018.

Una pelea en la que intervino hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez diciendo que le parecía un “error seguir tocando la Constitución por coyunturas políticas”. Curiosa declaración.

Sea como fuere, el mensaje es claro: que esta reforma sirva, precisamente, para lo que ha sido pensada: para equilibrar y afinar el sistema de pesos y contrapesos. Pero no para beneficiar a una u otra figura política o para quitarles poder a las otras ramas del poder para mejorar las condiciones del Ejecutivo. Mucho menos para entregar fueros a diestra y siniestra, en respuesta a posibles favores. Lo que está en juego no es sólo la estructura del Estado, sino, sobre todo, la posibilidad de afinar el sistema creado por la Constitución de 1991 y que, pasados 24 años, empieza a mostrar fisuras.

No es sólo eliminar el Consejo Superior de la Judicatura o modificar las funciones de las altas cortes para que escándalos como el suscitado por un supuesto tráfico de influencias en el interior de la Corte Constitucional no vuelva a ocurrir; no es sólo lograr que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por fin, funcione; no es dotar al procurador, al defensor y al contralor, porque sí, de un fuero especial.

Hay que mejorar la estructura del Estado para superar el desorden en el que se encuentra. Pero, de no hacerlo bien, es posible que todo quede peor para la ciudadanía y mejor para quienes se han pasado el tiempo viviendo a costa del Estado.

 

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