Diez años del aborto a medias

Hace diez años la Corte Constitucional tomó la valiente decisión de permitir el aborto en tres condiciones (cuando hay un riesgo para la salud de la madre, cuando hay una malformación en el feto y cuando el embarazo es producto de una violación). La Sentencia C-355 de 2006 cumple su primera década de vigencia con varios aspectos para celebrar, pero es inevitable pensar que la despenalización parcial es una medida insuficiente para enfrentar este problema de salud pública.

Antes de la sentencia de la Corte Constitucional poco se hablaba del aborto en el país. Como es habitual en esos temas tan mediados por consideraciones morales y religiosas, las mujeres interrumpían sus embarazos, pero lo hacían a escondidas, lo que a su vez significaba problemas por complicaciones producto del desconocimiento.

Después de que el alto tribunal reconociera la existencia de un problema de salud pública (se estiman 400.000 abortos clandestinos al año en el país), los colombianos, especialmente las instituciones del Gobierno, no pudieron seguir ignorando una realidad que afecta a las mujeres en todo el territorio nacional, pero especialmente a aquellas mujeres de estratos bajos en el campo (53 % de las cuales al realizarse un aborto clandestino tienen complicaciones de salud).

Sin embargo, el problema de la clandestinidad persiste, aunque los abortos legales vienen en aumento y la atención sobre el tema sacó a relucir muchos prejuicios que terminaron en obstruccionismos dañinos para los derechos de las colombianas.

El cambio más evidente vino en la Procuraduría. Esta institución, que en los primeros años de la sentencia fue la más reconocida por promover su conocimiento y aplicación, encontró en Alejandro Ordóñez, actual procurador, un férreo opositor a las interrupciones voluntarias del embarazo que cambió por completo la actitud del Ministerio Público y lo ha utilizado para obstaculizar el acceso de las mujeres a su derecho. No sobra la pregunta: ¿puede un funcionario público supeditar el desempeño de sus obligaciones constitucionales a sus pensamientos morales sustentados en la religión? La situación llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, en el 2011, lo obligó a rectificar porque la Procuraduría estaba desinformando a las mujeres en este tema.

Pero esa actitud es generalizada: que la despenalización sea parcial ha permitido que se formulen trabas burocráticas que impiden que las mujeres aborten en los términos de la sentencia de la Corte. Persiste el estigma, persiste la clandestinidad y persisten los problemas de salud.

Mientras tanto, el Congreso de la República ha confirmado su incapacidad para tomar decisiones difíciles. Pese a múltiples proyectos presentados a favor y en contra del aborto, el Legislativo ha terminado hundiéndolos todos sin mayor discusión. El mismo presidente Juan Manuel Santos dijo en 2011 que “no hay consenso para prohibir el aborto en Colombia”, lo que, entre líneas, decía que tampoco lo hay para permitirlo en todos los casos y que por eso no se han dado las discusiones. Precisamente porque es un tema complejo es que el Congreso, y el Gobierno, deberían fomentar un debate a la altura del reto.

Este año hay dos oportunidades invaluables: una propuesta del exfiscal Eduardo Montealegre para despenalizarlo en todos los casos hasta las primeras 20 semanas del embarazo, y otra de la representante Angélica Lozano que llegará en el segundo semestre. ¿Se le medirá el Congreso al debate o seguirá esperando que la Corte haga el trabajo difícil?

Llevamos una década repitiendo que las trabas al aborto siguen cobrando víctimas y silenciando a cientos de miles de mujeres. Ya es momento de solucionar el problema en serio.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Hace diez años la Corte Constitucional tomó la valiente decisión de permitir el aborto en tres condiciones (cuando hay un riesgo para la salud de la madre, cuando hay una malformación en el feto y cuando el embarazo es producto de una violación). La Sentencia C-355 de 2006 cumple su primera década de vigencia con varios aspectos para celebrar, pero es inevitable pensar que la despenalización parcial es una medida insuficiente para enfrentar este problema de salud pública.

Antes de la sentencia de la Corte Constitucional poco se hablaba del aborto en el país. Como es habitual en esos temas tan mediados por consideraciones morales y religiosas, las mujeres interrumpían sus embarazos, pero lo hacían a escondidas, lo que a su vez significaba problemas por complicaciones producto del desconocimiento.

Después de que el alto tribunal reconociera la existencia de un problema de salud pública (se estiman 400.000 abortos clandestinos al año en el país), los colombianos, especialmente las instituciones del Gobierno, no pudieron seguir ignorando una realidad que afecta a las mujeres en todo el territorio nacional, pero especialmente a aquellas mujeres de estratos bajos en el campo (53 % de las cuales al realizarse un aborto clandestino tienen complicaciones de salud).

Sin embargo, el problema de la clandestinidad persiste, aunque los abortos legales vienen en aumento y la atención sobre el tema sacó a relucir muchos prejuicios que terminaron en obstruccionismos dañinos para los derechos de las colombianas.

El cambio más evidente vino en la Procuraduría. Esta institución, que en los primeros años de la sentencia fue la más reconocida por promover su conocimiento y aplicación, encontró en Alejandro Ordóñez, actual procurador, un férreo opositor a las interrupciones voluntarias del embarazo que cambió por completo la actitud del Ministerio Público y lo ha utilizado para obstaculizar el acceso de las mujeres a su derecho. No sobra la pregunta: ¿puede un funcionario público supeditar el desempeño de sus obligaciones constitucionales a sus pensamientos morales sustentados en la religión? La situación llegó a tal punto, que la Corte Constitucional, en el 2011, lo obligó a rectificar porque la Procuraduría estaba desinformando a las mujeres en este tema.

Pero esa actitud es generalizada: que la despenalización sea parcial ha permitido que se formulen trabas burocráticas que impiden que las mujeres aborten en los términos de la sentencia de la Corte. Persiste el estigma, persiste la clandestinidad y persisten los problemas de salud.

Mientras tanto, el Congreso de la República ha confirmado su incapacidad para tomar decisiones difíciles. Pese a múltiples proyectos presentados a favor y en contra del aborto, el Legislativo ha terminado hundiéndolos todos sin mayor discusión. El mismo presidente Juan Manuel Santos dijo en 2011 que “no hay consenso para prohibir el aborto en Colombia”, lo que, entre líneas, decía que tampoco lo hay para permitirlo en todos los casos y que por eso no se han dado las discusiones. Precisamente porque es un tema complejo es que el Congreso, y el Gobierno, deberían fomentar un debate a la altura del reto.

Este año hay dos oportunidades invaluables: una propuesta del exfiscal Eduardo Montealegre para despenalizarlo en todos los casos hasta las primeras 20 semanas del embarazo, y otra de la representante Angélica Lozano que llegará en el segundo semestre. ¿Se le medirá el Congreso al debate o seguirá esperando que la Corte haga el trabajo difícil?

Llevamos una década repitiendo que las trabas al aborto siguen cobrando víctimas y silenciando a cientos de miles de mujeres. Ya es momento de solucionar el problema en serio.

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