Lo ocurrido el sábado pasado con Ányelo Palacios, el principal testigo en el escándalo de la red de prostitución a cambio de ascensos en la Policía Nacional, antes que nada debe servir para que el país recuerde que las respuestas del Gobierno y de la misma Policía sobre este tema no han sido capaces de explicar los alcances de los hechos denunciados. Además de esclarecer lo ocurrido con Palacios, ojalá el nuevo director de la institución, general Jorge Nieto, se tome en serio los reclamos de la ciudadanía sobre la necesidad de una Policía más transparente.
El caso de Palacios es extraño. Según lo informado por la Policía, en el momento del secuestro se desplazaba junto con su padrastro por la carretera que conecta a Cúcuta con Pamplona. A la altura de Pamplonita (Norte de Santander), dos motos se atravesaron en el camino del automóvil que Palacios conducía. Los hicieron retroceder para luego hacerlos avanzar de nuevo hasta La Miguelita. Allí, dicen las autoridades, se lo llevaron. Al cierre de esta edición, ya Palacios había aparecido, después de que, al parecer, se fugara de sus captores. Nada está claro, las suspicacias sobre lo que en realidad sucedió crecen en el ambiente y por eso mismo es urgente saber qué pasó en realidad.
Quizás eso pueda ayudar a que avancemos en el fondo. Porque, en esencia, estamos en la misma posición que en 2014, cuando Palacios dio a conocer por primera vez sus denuncias. La Comunidad del Anillo, como se conoce en el debate público, es una red de prostitución presuntamente utilizada por altos oficiales de la Policía, congresistas y funcionarios del Gobierno, los cuales pagan los servicios sexuales con ascensos en las filas de la Policía. El tema es de tal magnitud que la familia de la alférez Lina Maritza Zapata, quien murió en 2006 aparentemente por mano propia, dice que en realidad Zapata fue asesinada por denunciar esa red.
El año pasado el tema cobró relevancia nuevamente después de que el general Rodolfo Palomino, entonces director de la Policía, fuera denunciado por presunto acoso sexual. En el marco de esas investigaciones, varios periodistas, entre ellos Vicky Dávila y Claudia Morales, denunciaron amenazas e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones desde la Policía. En febrero pasado, el general Palomino renunció finalmente, después de la apertura de investigación por estos hechos por parte de la Procuraduría. Desde entonces, el asunto quedó en silencio.
Después de que la versión oficial había sido negar la existencia de la red de prostitución, según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ahora el Gobierno y la Policía sí saben que la Comunidad existió, pero dicen que es cosa del pasado. Repetimos aquí las preguntas que hicimos en su momento y que siguen sin respuesta: ¿qué investigación se llevó a cabo? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Cuáles fueron las sanciones? ¿Quiénes se beneficiaron de la existencia de la Comunidad? ¿Qué medidas se están tomando para que algo así no vuelva a ocurrir?
Mientras no exista plena claridad sobre esas preguntas y tantas otras —incluida la de determinar qué sucedió el fin de semana con el denunciante—, la reputación de la Policía Nacional seguirá manchada por la desconfianza. Se fue Palomino, sí, pero las acusaciones no lo involucraban únicamente a él. El país tiene que estar seguro de que no existen redes de corrupción y favores dentro del organismo que debe protegerlo, que quienes se atreven a delinquir dentro de la Policía reciben las sanciones apropiadas y quienes denuncian no corren peligro.
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