El abuso de la prestación de servicios

La contratación pública debería ser una oportunidad para que desde el Estado se demuestre cómo deben ser las condiciones de todos los trabajadores del país. La dignidad, la meritocracia y la justa remuneración, entonces, son los principios llamados a determinar la labor de quienes presten sus servicios a las entidades territoriales. Sin embargo, hay una figura contractual que permite clientelismo y abusos y genera innecesaria angustia entre los contratistas del Estado. Apoyamos la necesidad de una reforma.

Nos referimos a las órdenes de prestación de servicios (OPS), un tipo de contratación que permite que las entidades territoriales contraten a personas por tiempos definidos. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo es que estos nombramientos, por permitir sueldos desmedidos y duraciones cortas, se prestan más para cubrir cuotas burocráticas que para premiar la meritocracia.

Similar a la prestación de servicios de los privados, quienes entran como contratistas del Estado a través de una OPS deben asumir sus costos de salud y pensión y no tienen protecciones laborales, como vacaciones, ni licencias por maternidad o incapacidad. La inseguridad sobre si el contrato será renovado, además, le da demasiado poder al empleador y es una angustia recurrente para los trabajadores.

En cifras, en 2016 había 243.427 personas contratadas en el sector público bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. De ahí, el 27 % ha estado vinculado durante más de un año y el 17 % por más de dos. La cifra total de trabajadores que cotizan como independientes es cerca de 800.000.

Ante tantas personas por fuera de las protecciones laborales, la pregunta obligada es la siguiente: ¿no estamos permitiendo que se le haga el quite a la ley laboral con la existencia sin regulación de este tipo de contratos?

En lo que concierne al servicio público, en la Cámara de Representantes Angélica Lozano presentó un proyecto de ley que busca darles más beneficios a los contratistas. En sus palabras, el objetivo es “contrarrestar la precarización de las condiciones laborales de miles de colombianos”. Además, la representante denuncia que las OPS se han convertido en una forma de “evadir el ingreso al servicio público mediante el concurso de méritos (…) propiciando, en muchos casos, prácticas clientelistas que atentan contra la democracia, la transparencia y la eficiencia de la administración pública”.

Estamos de acuerdo con el diagnóstico. Sus propuestas, además, deberían servir como un inicio para el debate de cómo darles más dignidad a los contratos de prestación de servicios.

En la práctica, el proyecto de ley propone, entre otras cosas, multar por el no pago puntual de los honorarios, brindar un plan básico de cobertura de caja de compensación, establecer el derecho a cinco días de descanso remunerado por cada año de trabajo, continuo o no, y una prima del 25 % de los honorarios mensuales, así como el acceso a permisos por luto o calamidad doméstica y a gozar de los derechos sindicales como cualquier otro empleado en el país. También se buscará que se continúen los contratos a personas en situación de discapacidad o mujeres en estado de embarazo o lactancia.

Es un excelente inicio. Esta es una de las discusiones pendientes en el país y cada día se vuelve más relevante.

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