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El Gobierno está incumpliendo una promesa que hace la Constitución. Su idea de solo permitir que las tutelas contra el presidente Iván Duque en temas de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos sean atendidas por el Consejo de Estado limita, en la práctica, el acceso a la justicia y aleja las discusiones de los espacios territoriales en donde son más relevantes. Además de que es extraño que, vía decreto, el Ejecutivo elija cuál es su juez natural, lo fundamental es preguntarnos por lo que pierden los colombianos cuando los tribunales están lejos y se les agregan barreras para hacer valer sus derechos.
La decisión del Ministerio de Justicia viene después de varias derrotas ante los tribunales regionales. Por ejemplo, en junio del año pasado, el Tribunal Administrativo de Nariño ratificó una decisión de un juzgado de Pasto a favor de las comunidades afros, indígenas y campesinas de Chocó, las cuales radicaron una tutela contra la Presidencia. El motivo es que la administración de Iván Duque no los tuvo en cuenta en los debates sobre el retorno del glifosato.
Lo mismo ocurrió en enero de este año. El Gobierno certificó 104 municipios de Nariño para asperjar con glifosato y el Tribunal Superior de Pasto suspendió esa decisión. El motivo fue el mismo: no tener en cuenta a las comunidades afros e indígenas. La administración Duque respondió con una tutela contra el magistrado ponente de la decisión.
Ese contexto es ineludible para entender el Decreto 333 de 2021, expedido por el Ministerio de Justicia en cabeza de Wilson Ruiz. Con esa normativa, los juzgados regionales pierden competencia para evaluar las tutelas contra Presidencia en temas de seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos. Es decir, todas las disputas que seguirán surgiendo con ocasión de la fumigación con glifosato tendrán que ir directamente al Consejo de Estado.
El Gobierno defiende la medida argumentando que una alta corte debe evaluar temas tan delicados como la seguridad nacional. El ministro Ruiz dijo que el presidente actúa como jefe de gobierno y, por lo tanto, eso implica “que tenga a su cargo, entre otras obligaciones, la conservación del orden público en todo el territorio nacional. Para eso resulta importante definir reglas de reparto que refuercen la desconcentración de la administración de justicia, preserven la jerarquía funcional y garanticen la unificación jurisprudencial y el interés general”.
Aunque entendemos la necesidad de tener estabilidad jurídica, es más lo que se pierde al momento de garantizar el acceso a la justicia. Los jueces naturales de las causas como el glifosato son aquellos que están en las regiones afectadas por los planes de fumigación. Para un campesino, un indígena o un representante de las comunidades afros, que son quienes en el pasado han presentado acciones contra los planes del Gobierno, es mucho más sencillo ir ante un juez de su territorio. Eventualmente esas tutelas pueden llegar a la Corte Constitucional, como ocurrió en 2017, cuando el alto tribunal suspendió la aspersión aérea con glifosato. Los primeros jueces en estudiar ese caso fueron los de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Chocó.
La presencia de la justicia en las regiones no es un mero capricho, sino que se trata de una de las promesas de la Constitución y uno de los pilares de la Rama Judicial colombiana. Más aún de mano con la tutela, con su jurisdicción universal, que le permite a cualquier colombiano en cualquier lugar acercarse a un despacho judicial para que sus derechos sean protegidos de manera eficaz. Cada vez que se pretende limitar ese ejercicio, el principio de precaución debe primar y todas las posibles consecuencias tienen que estudiarse. En este caso, Colombia está perdiendo por la decisión del Ministerio de Justicia.
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