Mucho se ha especulado sobre la mejor manera de resolver un problema que afecta no solo al pueblo venezolano, sino a buena parte de los países de la región. Son varias las opciones sobre la mesa, que las especulaciones van desde una implosión del régimen hasta una apocalíptica invasión que termine involucrando a las grandes potencias. Lo cierto es que la única salida viable tiene que ser aquella que pase por el apego a las normas internas, que permita una transición pacífica, diseñada por todos los partidos políticos que adversan la dictadura y que cuente con el suficiente apoyo internacional. En la misma tienen que caber no solo lo opositores a Maduro, sino todos aquellos que desde el oficialismo deseen terminar de una vez con la hecatombe que se vive en Venezuela.
Ese camino es el que está transitando con relativo éxito Juan Guaidó. Ante la ilegalidad de Nicolás Maduro, la Constitución vigente, promovida y aprobada por el chavismo, establece que cuando haya usurpación del poder, como en el caso actual, le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir temporalmente el mismo. Eso es lo que ha estado haciendo Guaidó con el apoyo en las calles de la inmensa mayoría de los venezolanos, así como de buena parte de los países de la región, agrupados en el Grupo de Lima, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ofreció una rama de olivo a los militares, el fiel de la balanza, así como al madurismo, para que acepten incorporarse a esta vía institucional hacia la democracia. De momento, tanto lo militares como los altos funcionarios del régimen se han resistido y quieren amarrarse al poder. De ahí que la presión que genera la protesta pacífica y la insistencia de los países que desconocen la ilegalidad del usurpador deben conducir a la pronta salida del régimen.
Mientras tanto, países como México y Uruguay plantean una solución que pase por el diálogo y la negociación entre las partes. Así lo expresó también Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea, al anunciar la creación de un grupo de contacto que se da un plazo de 90 días para interceder ante ambas partes. Loable propósito. El único problema es que esa etapa ya se agotó y de la peor forma. Al menos en tres oportunidades Maduro utilizó ese argumento cada vez que se sintió acorralado para desinflar la protesta pacífica, dividir a la oposición e incumplir los acuerdos alcanzados. Una de esas oportunidades con la propia mediación del Vaticano. Intentar de nuevo ese camino fallido no es viable.
De otro lado está la absurda idea de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Bien sea que se trate de una amenaza real o simplemente de utilizar este mecanismo como forma de presión al régimen de Caracas, esta alternativa tiene que ser rechazada de manera contundente. Los países del Grupo de Lima han desestimado cualquier acción de este tipo. Flaco favor le hacen a la causa del retorno a la democracia en Venezuela apariciones como las de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional en Washington, o las innecesarias declaraciones como las del embajador Francisco Santos, interpretándolo.
Así las cosas, el camino viable y pacífico no solo se diseñó, sino que se está transitando. Cuenta con el apoyo mayoritario de los venezolanos y debería ser respaldado sin mayores dilaciones por toda la comunidad internacional. El sufrimiento del hermano pueblo de Venezuela debe cesar de manera inmediata.
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