El caso de Bonil

El lunes de esta semana el popular caricaturista ecuatoriano Xavier Bonilla, Bonil, tuvo que enfrentar una vez más a las autoridades que creen que sus viñetas son subidas de tono, o que pasan una raya, o que transgreden un límite impuesto por las leyes.

Compareció ante la Superintendencia de Información y Comunicación de Ecuador por haberse burlado de Agustín Delgado, un parlamentario gobiernista, otrora gloria del fútbol suramericano, que tartamudeó al leer un discurso ante la Asamblea Nacional. Muy grave les pareció ese chiste.

Hoy es esto: un alegato por hacerle mofa al miembro de una minoría. Ayer, Bonil, junto con el diario que le publica sus caricaturas, fueron multados por US$90.000 y él obligado a rectificar una graciosa sátira de un allanamiento que hicieron las autoridades a un miembro de la oposición. La rectificación se hizo, por supuesto, al nivel que el humor político lo exige: la nueva caricatura era mucho mejor que la primera. Vaya paradoja.

Esta vez no se trata de una afrenta en contra de las leyes que rigen la comunicación en el Ecuador sino de algo igualmente delicado: la discriminación racial. Esa nueva oleada represora que quiere meter a la cárcel a quien discrimine a otro a través de actos o de discursos de odio. Mucho es lo que ha avanzado el mundo occidental para que estemos, a estas alturas, yéndonos de represivos contra quienes tienen una opinión reprochable. Es hora de crecer un poco. Las leyes antidiscriminación son peligrosas porque, en nuestra opinión, terminan reforzándola: una conducta cultural de gran arraigo en la sociedad es casi imposible de borrar a través de leyes penales. El Estado debe inventarse, por el contrario, métodos que cambien las conductas por la misma vía que entraron en ella. Otra solución es irnos todos (o algunos, selectivamente, como parece pasar en Ecuador) ante un juez a explicar. El absurdo de este episodio lamentable es que Bonil nunca hizo referencia al color de la piel del Tin Delgado. La denuncia, por demás, debería ser improcedente.

Y ahí viene el otro punto de este comentario: las caricaturas no son retratos de la realidad. Si lo fueran, su existencia y su publicación no tendrían sentido. Por eso es que, como nos lo recordó César Rodríguez Garavito en un artículo para el domingo pasado, muchos tribunales del mundo (el Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana) han dicho que la libertad de expresión no está sujeta a la veracidad. Por lo menos no en el mismo nivel que la libertad de información.
El caricaturista sirve como un termómetro de la sociedad en la que vive: él es, probablemente más que nadie, quien pone en la raya del ridículo a los gobiernos de turno. Es por eso que una democracia plena, o ideal (que no estamos diciendo que exista en ninguna parte), los respeta bastante. Asimismo, los diarios que los publican no le ponen ningún tipo de traba, ni siquiera cuando se “exceden” en su rol o cuando se van lanza en ristre contra personas que probablemente no lo merecen. Un gobierno autoritario, por otra parte, no soporta el humor en su contra: le desagrada ese velo que tiende en la realidad, esa sensación que hace ver (de forma ingeniosa) la exageración como la verdad. Por eso es que lo censuran.

Lamentamos decirlo, sobre todo porque Correa ha sido, en otros aspectos, un mandatario admirable, pero con estas dos citaciones a Bonil no solamente tiende un manto de duda sobre su gobierno (hay que ver, además, ese proyecto de reelección indefinida, actualmente en el Parlamento), sino, también, y lamentablemente, un país más aburrido. Todo eso nos trae el caso Bonil.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]

 

últimas noticias

El triunfo del diálogo

El poder absoluto contra el periodismo

Cuidado con el timonazo