El caso Uribe y el debido proceso

Es importante que el mensaje que se envíe, en este momento, sea uno de respeto por la institucionalidad y por la legitimidad de los magistrados. / Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador

Para todo el ruido que causó la indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe, los dos principales actores involucrados demostraron que las instituciones operan adecuadamente cuando cumplen su labor legal y constitucional. Tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como el exmandatario enviaron un mensaje de respeto a las reglas y al Estado de derecho.

La previa de la indagatoria estuvo llena de presiones. Afuera del Palacio de Justicia, manifestantes a favor y en contra del exmandatario se hicieron sentir con pancartas y gritos. En los medios de comunicación y las redes sociales abundaron los mensajes de parte y parte. El mismo Gobierno Nacional intervino: el presidente Iván Duque dijo que el senador Uribe “es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia”; la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez escribió que el líder político “debe tener todas las garantías”; el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, publicó que amaneció “con dolor de patria” por ver una CSJ “con cartel de la toga a bordo”; la ministra del Interior dijo que las “marchas a favor de Uribe no son presión a la justicia”.

Es difícil estar de acuerdo con esa postura. Que tantos miembros de la Rama Ejecutiva hayan utilizado sus megáfonos públicos para hablar sobre la grandeza del convocado a una indagatoria es un mensaje a los magistrados. ¿Es ese un comportamiento adecuado para representantes de todos los colombianos? ¿Dónde queda el respeto por la separación de los poderes?

Más allá de lo anterior, por fortuna la indagatoria no dio motivos a más manoteos. Al salir, el expresidente Uribe dijo que “el magistrado que me indagó procedió en su deber, no tengo quejas (...) creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad”. Es importante que el mensaje que se envíe, en este momento, sea uno de respeto por la institucionalidad y por la legitimidad de los magistrados.

Por su parte, el presidente del alto tribunal, Álvaro García, dijo que, frente a las “voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia”, y agregó que el expresidente ha contado y “contará siempre con las plenas garantías constitucionales, judiciales y procesales que le está brindando la Sala Especial de Instrucción de la Corte”.

En medio del caos, el debido proceso es la salvaguarda de la Constitución y los principios que rigen nuestra sociedad.

Ahora que el expresidente Uribe ha quedado vinculado formalmente al proceso penal por soborno y fraude procesal, la pregunta relevante es determinar si tuvo que ver o no con los hechos objeto de investigación. Los magistrados tendrán que contarle al país lo que encuentren y tomar una decisión en derecho.

No queda más que esperar un proceso eficaz y transparente, para que el país pueda salir de la tensión que causan las dudas sobre una figura de la magnitud del senador Uribe. Por ahora es de celebrar que, ante los ánimos caldeados, los involucrados le hayan apostado a la defensa de la institucionalidad.

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