El censo adeudado

El miércoles pasado el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en cabeza de Mauricio Perfetti, formalizó la fase inicial del tercer Censo Nacional Agrario, una deuda de cuatro décadas y media que los gobiernos de Colombia.

 —El actual incluido— tenían con la sociedad como parte de una política seria sobre el campo: ¿Cómo adelantar medidas positivas para el campo si no se le conoce? ¿Cómo adelantar una reforma que es necesaria si el país agrario al que va destinada ha cambiado tanto desde la última medición?

Desatendidas estas preguntas durante tanto tiempo, los gobiernos caminaron a ciegas sobre el sendero que podría generar provecho en el campo. Las consecuencias, el descontento social sobre todo, se sintieron hace unos meses cuando parte de Colombia estaba incendiada en paros campesinos (y urbanos) en los que se exigía una presencia más grande del Estado. Pero, más que presencia, entendimiento de lo que allí sucede. Y es que es esa desatención de las realidades locales propias la que hace ahogar cualquier política que se plantee desde el centro del país. Están desconectadas las unas de las otras.

El país ha cambiado. El 43 % de la población colombiana vivía entonces en el campo; hoy es el 21 %. El PIB agropecuario era 25,3 % del total; hoy es sólo 6,6 %. El café era el orgullo nacional de un campo eminentemente agropecuario, mientras hoy la agricultura es diversificada y la actividad rural ha dado paso a la minería y al turismo. Pero, mucho más específico que esto —cómo viven los campesinos, a qué servicios públicos tienen acceso, entre otros— es algo que desconocemos en sus detalles.

Todo el programa ha comenzado en el Quindío, donde se censarán 23.547 predios rurales. La tarea se hará con 335 personas, entre ellas habrá encuestadores, supervisores, coordinadores, apoyos administrativos, informáticos y delegados municipales que, entre todos, recolectarán datos en los 12 municipios del departamento. La primera fase se extenderá al norte del Tolima, Atlántico y Risaralda, la segunda en el resto del país. Predio a predio. La tercera, en donde hay grandes extensiones, como los territorios indígenas y los Territorios Colectivos de Comunidades Negras.

El exdirector del DANE Jorge Bustamante renunció en octubre con su segundo al mando, Juan Carlos Guataquí. Adujeron en sus cartas que lo hacían porque era inconveniente hacer este censo en plena época electoral, por las distorsiones que puede haber en el proceso y las ventajas que con esto pueda ganar el Gobierno. También porque, en contravía con las recomendaciones del comité técnico, se terminó haciendo durante dos semestres diferentes de un año, lo que genera distorsiones, por ejemplo, por las temporadas de cosecha.

Nada descartables sus advertencias. Importante, ya que como respuesta al paro agrario y el afán de La Habana se decidió desechar estos argumentos para echarlo a andar de una vez, tener los ojos bien abiertos sobre esas posibles distorsiones. Apenas comienza el trabajo en Quindío y ya hay testimonios que habrán de ser investigados sobre la cesión de la contratación del personal a alcaldes y políticos locales. Es preciso hacer una veeduría de todo este proceso para que las distorsiones puedan ser prevenidas. Y también a las posibles distorsiones temporales para que datos tan urgidos no terminen contaminados.

Que se haga, pues. Pero que se haga bien. ¿No es lo mínimo que podemos pedir en estos momentos? Un futuro para el campo puede ser distinto si, por fin y como dicta la lógica, podemos comprenderlo un poco mejor.

 

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