El compromiso con las víctimas

El compromiso con las víctimas implica impulsar procesos en casos como las ejecuciones extrajudiciales. / AFP

Son bienvenidas las palabras del presidente Juan Manuel Santos reiterando su vehemente compromiso con la protección y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Especialmente cuando hemos visto en días recientes un movimiento en contra de la reivindicación de los derechos de esta población, así como la estigmatización de las personas que se han atrevido a denunciar las fallas en las instituciones del Estado.

Lo dijimos la semana pasada: hay fuerzas con intenciones ilícitas aprovechándose de reclamantes legítimos en el nudo que es el proceso de restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas. Por eso, no es menor el gesto del presidente Santos al decir, en un evento organizado como homenaje a las víctimas del conflicto, que “mi compromiso con las víctimas es total” y aclarar que su reparación no se está negociando en La Habana. Es lo mínimo. La esencia del posconflicto es la reconciliación, la cual a su vez depende de que quienes más sufrieron la guerra sientan que se hizo suficiente justicia a través de la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido y la reparación de sus daños, como, por ejemplo, recuperar las tierras de las que fueron despojados.

Preocupa, no obstante, que los obstáculos son gigantes y más ahora que se está construyendo un movimiento político alrededor de la idea de que la Ley de Víctimas es otra forma de despojo. Y eso que esa no es la única deuda que tiene el país con los sobrevivientes del conflicto.

En entrevista para El Espectador, el cabo segundo John Lewis Rivas, quien denunció varias ejecuciones extrajudiciales que luego se presentaban como bajas enemigas por parte del Ejército en Ocaña —mal llamados falsos positivos— entre el 2007 y el 2008, denunció que sobre su cabeza pesa una recompensa de $50’000.000 para quien logre silenciarlo. Más allá de los detalles particulares de su caso, esa situación de estigmatización institucional y amenazas es común para las personas que se han atrevido a denunciar el actuar ilícito dentro de órganos tan importantes como el Ejército, la Policía, el desaparecido DAS y muchas otras. Sobre este tema vale la pena exponer dos consideraciones.

Primero, que las personas que prendan las alarmas sobre estas situaciones deben recibir todo el apoyo y la protección del Estado. Si se comprueba que están mintiendo —como también ha ocurrido—, ameritan las sanciones del caso, pero en la actualidad opera una cultura que presume la mala fe de quienes exponen sus denuncias y eso es tóxico para el país, además de que envía un mensaje claro a quienes conozcan irregularidades: es mejor callar.

Segundo, que las víctimas también han sufrido por culpa de la omisión y —en los casos más mezquinos— acción de actores que representan al Estado. Las ejecuciones extrajudiciales son un caso claro de esto. Impulsar esas investigaciones y rendirle cuentas al país debe ser una prioridad del Gobierno y de la Rama Judicial en esta oportunidad histórica de reconocimiento de culpas. Entre más pronto sepamos bien qué pasó y quién lo ordenó, más rápido —ojalá— puede empezar el proceso de sanación. Antes no.

Si el compromiso con las víctimas es total, son muchos los pendientes que tienen que ponerse al día.

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