El cuerpo en la guerra

La Mesa de Seguimiento al auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, que ordena investigar los crímenes sexuales cometidos dentro del conflicto armado, tiene muy malas noticias en su quinto informe presentado este año: la impunidad en estos delitos es casi total.

Es decir, esas mujeres que fueron ultrajadas en su integridad sexual, porque los hombres que disparan las balas todavía consideran que su cuerpo es, también, un objeto de guerra —el machismo llevado a su extremo— aún no tienen una solución jurídica ni un resarcimiento a su situación por parte de la justicia de su propio país. Si se miran las cifras que la mesa aporta la cosa es un descaro. Pese a que hay una orden perentoria de la Corte Constitucional, las autoridades no actúan: y peor, como la Fiscalía, se esconden en cifras que corroboradas luego no corresponden a la realidad. Se supone, a la luz de lo que esta entidad afirma, que existen 18 sentencias condenatorias.

Sin embargo, como lo informó este diario el miércoles pasado, 11 de ellas corresponden a lo que dicen las unidades seccionales de Fiscalías y las otras siete a la Unidad de Derechos Humanos. Del primer grupo solamente cuatro obran en los registros bajo la categoría de ejecución de la pena o condena. Las otras no están registradas. Y del segundo, peor: se reportan delitos que no tienen nada que ver con los tipificados como violencia sexual. El panorama general parece un mal chiste y a nadie, aparte obviamente de las víctimas directas y de la mesa, parece importarle. Ni a la Procuraduría —que cree que ha hecho mucho de la ‘supervigilancia’ ordenada por la Corte— ni a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo hacer efectivo un lineamiento si ni siquiera hay transparencia? ¿Si se niega con tozudez la realidad en las narices de todos?

Acá no se trata solamente de mostrar resultados sueltos o de mandar comunicados con respuestas a medias. La problemática grande es prestarle atención a cómo es que el Estado colombiano por fin va a entender que las mujeres en la guerra son consideradas un objeto, no un ser humano, una especie de trofeo y cómo y por qué es que los actores armados recurren a ese tipo de estrategias de guerra sádicas que reproducen estereotipos sociales muy profundos.

Una política integral, que es lo que pide la Corte Constitucional en últimas, necesita tener, como primer paso, esta consideración fundamental. Entendiendo la dimensión de esa realidad es como se pueden emprender esfuerzos institucionales reales. Mientras se siga pensando que lo de la violencia sexual son algunos casos aislados no llegaremos a ninguna parte.

Estremecen, por decir lo menos, los testimonios de estas mujeres: Giovana Suárez, ultrajada y doblemente victimizada, dijo que a ella la violaron por defender el auto 092 de esa corporación judicial. Y, mientras le hacían esto, le decían que lo mismo le pasaría a su hija, a sus compañeras de trabajo. La advertencia estuvo hecha muy a la medida de lo que el Estado debería condenar y combatir con fiereza. Hasta allá llega el tamaño de esta actitud. Lo frustrante en todo esto es que no pase nada.

¿Nos veremos condenados a seguir informando sobre esto? La Fiscalía debería empezar por la cabeza: afrontando que aquí tiene un problema de política criminal que debe afrontar desde ya con una implementación seria, teniendo en cuenta esas variables olvidadas —y sobre todo invisibles— que alimentan este conflicto nuestro.

 

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