El desastre de las curules para la paz

Es una lástima que el Gobierno tenga que recurrir a la vía jurídica en una batalla que debió haber ganado en el debate público. / Cristian Garavito - El Espectador

La discusión jurídica entre Presidencia y el Congreso a propósito de las circunscripciones para la paz es un desastre. Aunque son irresponsables los parlamentarios que hablan de una vulneración a la separación de poderes, es lamentable que en esto termine uno de los puntos reparativos más importantes del Acuerdo de La Habana entre el Gobierno y las Farc.

La disputa comenzó cuando Efraín Cepeda, presidente del Senado, se rehusó a enviar a Presidencia el proyecto aprobatorio de las circunscripciones para su promulgación. Según el parlamentario, se necesitaban 51 votos para que el proyecto se convirtiera en ley y, como sólo se consiguieron 50, procedía a su archivo.

Por su parte, el Gobierno ha insistido en que, por los senadores que están en procesos judiciales, la mayoría necesaria para la aprobación eran esos 50 votos. Ese fue el argumento que utilizó para interponer una acción de cumplimiento y una acción de tutela, pidiéndole a la justicia que ordene al Parlamento a enviar el proyecto para ser promulgado.

En este espacio hemos estudiado los argumentos jurídicos del Gobierno y estamos de acuerdo con ellos. No tiene sentido que las tres sillas vacías del Senado se cuenten al momento de establecer los requisitos en la votación. Esa tesis la respaldaron esta semana dos decisiones judiciales, una del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otra el Juzgado 16 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial, que le ordenaron al Congreso enviar el proyecto para ser promulgado y publicarlo en la Gaceta de la entidad, de tal manera que pase a revisión de la Corte Constitucional.

En respuesta, el presidente del Congreso anunció que impugnarían. Al respecto, han dicho que cumplirán con la orden hasta que haya una decisión final por parte del Consejo de Estado.

De manera más combativa, Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, dijo que no firmaría el proyecto porque “la actual dignidad que ejerzo exige de mi parte la defensa de la separación de poderes sin la cual no puede existir la democracia”. Junto con él, otras voces insisten en que se está fraguando un acto dictatorial para desconocer la autonomía del Congreso.

Esa posición es irresponsable en un país donde el miedo al “castrochavismo” genera tantas tensiones. No puede hablarse de un quiebre a la separación de poderes cuando, precisamente, se están utilizando las herramientas de los pesos y contrapesos para asegurarse de que se interpreten adecuadamente los reglamentos. El Ejecutivo, en desacuerdo con el Legislativo, acudió al Judicial para dirimir el conflicto. Esa estructura está planteada en la Constitución. Que a los congresistas no les guste que les digan que hicieron algo mal, y que además estén en plena campaña electoral donde los discursos tremendistas rinden frutos, no significa que estemos ante un acto dictatorial.

Dicho lo anterior, es una lástima que el Gobierno tenga que recurrir a la vía jurídica en una batalla que debió haber ganado en el debate público. Como la vacancia judicial arrancará el próximo martes, es probable que las circunscripciones sólo se aclaren el año entrante. Mientras tanto, los candidatos aprovecharán para seguir utilizando la paz en sus fuegos retóricos. Ya les tocó al próximo Congreso y presidente decidir cómo les van a dar la cara a las víctimas para garantizar su justa representación política.

 

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