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Siguen las malas noticias en Venezuela. La semana pasada, un artículo publicado por The New York Times (TNYT) contó cómo el régimen de Nicolás Maduro viene recrudeciendo sus tácticas para mantener a los cerca de 160.000 militares de ese país bajo su control. No deja de ser paradójico que la crisis, ocasionada por un pésimo manejo de la economía y la construcción de un órgano burocrático insostenible, esté llevando al dictador a traicionar a los soldados sobre los que Hugo Chávez construyó su visión de una nueva Venezuela. El hambre no perdona, es la lección que queda, y se vuelve aun más urgente que haya transición de poder en el país vecino. Sin embargo, los diálogos que se adelantan parecen estar estancados y no se ve una salida pronta a la trágica situación.
Dentro de los casos que menciona TNYT se encuentra el del capitán Rafael Acosta Arévalo, ya denunciado en su momento por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet. El periódico estadounidense cuenta cómo Acosta “fue enterrado el 10 de julio, tres semanas después [de su muerte], en contra de los deseos de su esposa y rodeado de guardias de seguridad en una operación controlada por el gobierno. Los cinco familiares a los que se les permitió asistir no pudieron verlo: el cuerpo estaba envuelto en un plástico marrón”. Una autopsia que se filtró contó que el cuerpo del capitán “sufrió un traumatismo por fuerza contundente y electrocución”.
Hasta ahora, la respuesta oficial del gobierno de Nicolás Maduro ha sido que en ese caso, y en algunos otros, se han presentado abusos de poder por parte de ciertos militares, pero que no se trata de un plan sistemático de tortura a los opositores y militares que se han declarado en rebelión ante un régimen ilegítimo. Sin embargo, las señales invitan a pensar que, de hecho, Maduro ha permitido la utilización de esos mecanismos para amedrentar a la tropa.
Hace unas semanas discutimos en este espacio el informe de Bachelet ante la ONU, donde se llegaba a una conclusión similar a la planteada por TNYT. Según los datos de la alta comisionada, la electrocución, las palizas, los ahogamientos e incluso la violencia sexual son tácticas que se están empleando contra los prisioneros del régimen, que no tienen derecho al debido proceso y que en muchas ocasiones han sido señalados sin evidencias de sus supuestos delitos.
El régimen está paranoico. No es para menos, claro. Son varios los planes de asesinato y golpe de Estado contra Nicolás Maduro que han sido frustrados por el gobierno de ese país. Sin embargo, el régimen siempre había dicho que no iba a caer en tratos inhumanos ni deshonrosos. Estamos viendo cómo esa promesa ha sido incumplida.
Todo se reduce, en últimas, a la economía. Las sanciones de Estados Unidos han terminado por agravar una crisis financiera que ya llevaba varios años causando nefastas consecuencias para los venezolanos. Aunque Maduro ha intentando mantener a los militares cerca a través de su aparato burocrático, parece que no hay cama para tanta gente: las familias de los soldados de bajo rango están sufriendo las consecuencias de un país sin recursos.
Este es otro motivo más para que Maduro abandone el poder. Pese a esto, no hay solución a la vista. Colombia ha seguido insistiendo en el bloqueo diplomático, en los diálogos y en que el régimen colapse desde adentro. Esa, nos parece, es la única estrategia viable. Sin embargo, los coletazos del desespero de la dictadura están dejando muchas víctimas en el proceso. Es una situación muy lamentable.
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Por El Espectador
