El eterno lío electoral

A poco más de un mes de celebrarse las elecciones locales y regionales, muchos cuestionamientos se han hecho alrededor de su desempeño para la fecha prevista.

En primer lugar los escándalos. En Cali se protagonizó uno por cuenta de las firmas que sirvieron para impulsar la candidatura de dos personas, Susana Correa y Rodrigo Guerrero, quienes, según una acusación de la Registraduría, las habían obtenido por medio de su falsificación. Luego de dos semanas —en que Correa renunció indignada—, la Dirección del Censo Electoral indicó que Guerrero sí tenía el aval y las firmas requeridas para presentarse.

En Bogotá se viven cosas por el estilo: ya se han puesto en entredicho las candidaturas de Antanas Mockus y Gustavo Petro, por motivo de inhabilidades que algunos han alegado en su contra, ante las que la autoridad competente no ha emitido pronunciamiento (el caso de Petro, sin embargo, parece ser la vuelta en vida de un debate que el Consejo Nacional Electoral ya había cerrado para 2010).

Está, por supuesto, el eterno tema de la seguridad: tanto la indemnidad física de los candidatos, como la de los votantes a la hora de depositar una papeleta, o incluso la del sistema informático, son temas que preocupan a Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional del Estado Civil.

A esta realidad, que ya es preocupante, se suman los factores que —muy tristemente— pueden denominarse como los “clásicos”. En su último informe, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha revelado unos datos no tan tranquilizadores para el libre ejercicio del voto en las diferentes regiones. A lo que va del año, y hasta finales de agosto, dice el documento, existen 1.243 reportes sobre irregularidades y anomalías electorales. A saber: 162 de violencia política, 700 de anormalidades en la campaña, 194 de intervención en política, 46 de subsidios a candidatos y 141 de relaciones con grupos al margen de la ley.

La pregunta que debe hacerse de cara a estas elecciones en específico es la siguiente: ¿es este un caso particular para el año 2011 o es el reflejo de un patrón sistémico que caracteriza las elecciones locales de este país? Por las cosas que la justicia ha desmantelado recientemente —congresistas, alcaldes o gobernadores implicados en gruesos fraudes electorales— se sabe que estos reportes de anomalías no son una peculiaridad que nos coja por sorpresa este año. El problema es que los organismos de control actúan como si, en efecto, fuera una contingencia inesperada.

No desconocemos los ingentes esfuerzos de todas las entidades por mantener un ambiente tranquilo el día en que se desarrollarán los comicios. Pero no es sólo un asunto de procurar la calma mientras se depositan y cuentan los votos durante 16 horas, sino sobre todo, un factor endémico de la sociedad colombiana que va minando —por el resto del año— la legitimidad de la democracia. De nada sirve salir de la casa tranquilo e ir a votar un día, si previamente se ha hecho todo un esfuerzo de largo tiraje para determinar el destino de ese voto: compras masivas, amenazas de muerte, clientelismo, propaganda conseguida con dinero de la violencia, etcétera.

Es en este panorama sistemático de sabotaje electoral a donde las autoridades deben voltear la vista, abrir los ojos y actuar. No deja de ser importante —por lo inminente— el tema de la seguridad y feliz término de las elecciones que se vienen en octubre. Pero ya es hora de que despertemos frente a lo que se ha vuelto evidente a nuestro ojos: la falta de legitimidad de muchas prácticas democráticas por cuenta, no de la seguridad del día en que se celebran los comicios, sino por el complot que se ha ido gestando sin problemas durante los meses anteriores. Una verdadera democracia representativa, como la nuestra, debe resistirse a eso y aumentar esfuerzos para que no suceda más.

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