¿El fin de la discriminación?

"No racismo, no discriminación, no hostigamiento y no segregación en nuestro territorio", repetía Carlos Baena, del movimiento Mira, cuando defendía el proyecto de ley que su colectividad presentó con el fin de penalizar actos de discriminación por razones de sexo, raza, religión, orientación sexual, ideologías políticas o filosóficas.

Luego de pasar por los debates de rigor en Senado y Cámara, quedó lista para conciliación —y posterior firma presidencial— la nueva ley contra la discriminación que modifica el Código Penal vigente y establece penas hasta de tres años por el reprochable y, aún así, generalizado acto.

De histórico lo han calificado algunos. Y es probable que posicionar el tema en el Congreso para sacar una ley lo sea. Para el país es positivo que se hable, en altas instancias del Estado, de cómo solucionar el problema de la discriminación. Sin embargo, creemos que esta iniciativa, a punto ya de aplicarse en regla, es problemática por varias razones.

En primer lugar, el tipo penal que se contempla no es claro: “El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses”. Es una norma abierta que, así como puede incluir muchos casos, puede no incluir ninguno. ¿Qué se entiende por impedir, obstruir o restringir? Además, es una inclusión de todos los tipos de discriminación existentes en una sola conducta tipificada. Ésa es una cobija muy grande: tratan el tema como si para cada población discriminada no existieran matices distintos en los que se materializa el rechazo por parte de las mayorías.

Otro problema latente de esta nueva norma es que pretende solucionar una práctica generalizada —más de raigambre social y cultural, insertada en una noción colectiva de lo diferente— a través de casos individuales. A una discriminación, un proceso penal. ¿Cárcel, entonces, para cuántos? Porque si se trata de un “cabeza rapada” el caso es pan comido. Pero si hablamos de actos sutiles y corrientes, metidos ya en las prácticas sociales comunes, como la negación de entrada a un bar, en casos de discriminación racial, o los llamados “techos de vidrio” –que impiden a las mujeres ascender a la cúpula de los cargos públicos y privados–, los procesos, juicios y la cárcel, se multiplicarían en gran medida.

Esto puede producir, también, una reacción negativa frente a las comunidades históricamente discriminadas. No en vano, la solución a problemas sociales debe hacerse por medio de otro tipo de medidas, más simbólicas o de concientización, que represivas. ¿Y si con esto sólo causamos, una discriminación encubierta y, por ende, doble? Asimismo, y ya lo hemos expresado en este espacio una infinidad de veces, la cárcel no puede ser la solución a todos los problemas que aquejan a la sociedad, por más loable que sea el motivo que inspira la protección. Los casos dudosos pueden convertirse en una verdadera arbitrariedad que conduzca, no sólo a una injusticia, sino a más hacinamiento y miseria en las cárceles nacionales.

Una solución a la discriminación debe hallarse desde lo legal, sí, es necesario, pero consideramos que no toda medida que se tome puede ser calificada de productiva. Expertos, tanto de la academia como de la política, piensan que este nuevo método, que consiste en meter a la cárcel al que discrimina, puede acarrear muchos problemas en el futuro.

Deben pensarse soluciones alternativas y hacer caso a la infinidad de estudios rigurosos que se han hecho sobre el tema. De igual forma, consideramos fundamental que se analicen, uno a uno, los tipos de discriminación que existen en Colombia, para así poder tener leyes mucho mejor fundamentadas y con soluciones más convenientes. De lo contrario, los nobles motivos que inspiran la protección seguirán siendo solucionados, en apariencia, por la vía más sencilla: el castigo.

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