El gol venezolano

En declaraciones formuladas hace algunos días por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sin que importaran los efectos que pudieran tener para la colonia colombiana en Venezuela, tácitamente adjudicó a los compatriotas que han emigrado a ese país —cifra que estimaba en cinco millones 600 mil— la responsabilidad de la crisis alimentaria, económica, social y política que está afrontando el país vecino bajo su mandato.

No paró ahí. En un hecho sin precedentes, mediante un decreto expedido el 26 de mayo pasado y con el pretexto de crear unas “Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular”, fijó la frontera marítima con Colombia en el Golfo de Venezuela, en sus zonas adyacentes y en el Caribe occidental, frontera que se ha venido discutiendo casi por medio siglo. En otro aparte del mismo decreto, afectó a Guyana, cuyo gobierno rechazó rápidamente la citada disposición.

A través de ese decreto, el gobierno bolivariano busca establecer la línea de prolongación de la frontera y la línea media entre Los Monjes y La Guajira, que es la posición sostenida por Venezuela. Pero fue más allá y dejó sin plataforma continental y zona económica a La Guajira en beneficio de los islotes de Los Monjes, ubicados a poca distancia de la costa colombiana. Como si fuera poco, afectó en el centro del Caribe el tratado de 1978 sobre delimitación marítima entre Colombia y la República Dominicana que se encuentra vigente.

Durante el sempiterno diferendo sobre delimitación marítima entre los dos países, que tiene 45 años, se han celebrado múltiples intentos de negociación que por una u otra razón han fracasado. Por lo tanto, hasta que no se llegue a un tratado aprobado por los respectivos congresos o se tenga un fallo arbitral o judicial, necesariamente la posición colombiana debe seguir siendo la que inicialmente planteó y ha defendido.

Puede que sea lógico que Venezuela mantenga su posición, pero establecerla de facto por medio de un decreto sin dejar a salvo los derechos de Colombia es otra cosa. Especialmente cuando la citada disposición tiene una connotación claramente militar. ¿Qué tal que el decreto hubiera sido colombiano?

Venezuela, como fundamento actual de su política exterior, ha rechazado el arbitraje y arreglo judicial. No ha aceptado la competencia de la Corte Internacional de Justicia, y el tratado de 1939 —que establece procedimientos para la solución de las controversias entre los dos países— duerme en los anaqueles de las cancillerías. Sin embargo, la mediación y el arbitraje siempre son posibles, si así lo acuerdan las partes.

¿Qué es lo que busca Maduro? ¿Darles a sus fuerzas armadas, donde se han percibido brotes de rebelión y voces de protesta, un conocido y desueto elemento de cohesión? ¿Acaso provocar una reacción colombiana dentro de la conocida estrategia de los gobiernos en crisis internas de agitar la bandera nacional y desviar la atención hacia la “defensa de la patria”? ¿O tal vez precipitar una nueva compra de material de guerra “con propósitos defensivos”, como lo ha hecho antes para alegría de algunos de sus militares, intermediarios y proveedores?

Sea cual fuere su intención, ante un hecho de esta naturaleza que no tiene validez alguna y se lleva por delante todas las normas y principios del derecho internacional, y por más que Venezuela sea “facilitador” en el proceso de paz, el Gobierno de Colombia no puede permanecer en silencio.

 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]

Temas relacionados

 

últimas noticias

Otra vez las ganas de aplastar las opiniones

Hay que tomar las riendas