El invierno y la parálisis del Estado

Comenzaron, de nuevo, los estragos por la largamente anunciada segunda ola invernal.

Sólo en lo corrido de la semana suman 27 los departamentos afectados. El primer invierno, que culminó el semestre pasado, dejó más de dos millones de damnificados. Todavía hoy se reparten ayudas. Mientras tanto, se oye en el Gobierno el llamado a la ejecución. El que debe ser, en efecto, el llamado ante el desastre. Sin embargo, son más los discursos que los resultados. Frente a la crisis, el paso ha sido lento y la rendición de cuentas oscura. Y lo han sido tanto en la entrega de la ayuda humanitaria como en la reconstrucción de lo destruido, pues no sólo se ha tratado de la escasa prevención ante los desastres ambientales sino de la incapacidad del Estado para sortearlos. Una incapacidad que preocupa de manera especial si se tiene en cuenta que, por lo menos por ahora, el problema no ha sido precisamente la falta de recursos.

Fue comprensible que con la primera ola la Dirección de Gestión de Riesgo (DGR) del Ministerio del Interior, unidad encargada de la atención de desastres, se rebasara. Se entendió que el DANE tuviese que ayudarle a levantar el registro de los damnificados: quién vivía dónde, qué perdió y dónde está hoy. Sin embargo, ¿cómo se explica que los $4,2 billones destinados para la atención humanitaria del pasado invierno no se hayan terminado de ejecutar? Colombia Humanitaria es principalmente una fiducia. El encargado de llevar la ayuda es el Ministerio del Interior. Y si bien es cierto que la cartera es nueva —recientemente escindida de la de Justicia— y no es la de mayor tamaño, $4,2 billones deberían alcanzar para una mayor capacidad de respuesta, gestión y logística, con todo y las negligencias de los gobiernos locales.

El país es descentralizado, mal descentralizado en muchos casos, pero de ninguna manera desarticulado. La atención al desastre —teniendo autorizados los fondos de adaptación— debería haber sido más efectiva, como más efectiva debería haber sido la reconstrucción de la infraestructura. ¿Qué le pasa a los ministerios de Transporte, Vivienda y Agricultura? Si la repartición de la ayuda humanitaria ha sido lenta, el arreglo de los daños se ha visto menos. ¿Por qué no se restablecen las vías, se arreglan las viviendas y se reinicia la producción de los campos?

La verdad es que la velocidad del gasto de este gobierno ha sido, en general, poca. Los porcentajes de ejecución de los presupuestos de funcionamiento e inversión de las entidades públicas en lo que va del año fiscal son menores si se comparan con cuatrienios anteriores. La ejecución del primero fue de 66,9% en 2003, 65,2% en 2007 y 61% en 2011. La del segundo fue de 62,4, 58,2% y 53,3% en los mismos periodos. ¿Quiere esto decir que este gobierno está gastando menos? No, pero sí que está realizando el gasto mucho más despacio, y esto a pesar de la ya doble emergencia. Es urgente que el país se pregunte qué está pasando, no vaya y nos pase que por el afán anticorrupción estemos bloqueando las contrataciones, la cuales deben ser transparentes, sí, pero no imposibles. De lo contrario, el efecto es inverso: sólo quien esté buscando jugosos dividendos está dispuesto a aguantarse el proceso. Y en el entretanto, no sólo sigue la malversación de los recursos públicos, sino, peor, se paraliza el Estado cuando más se está necesitando de su acción.

 

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