El Llano incomunicado

El país vuelve a enfrentar una grave crisis por cuenta de problemas asociados a la infraestructura. El cierre indefinido de la vía al Llano no solo ha dejado a toda una región con serias dificultades de comunicación con graves efectos económicos y sociales, sino que pone de relieve falencias institucionales serias e inexcusables.

La situación que enfrentan los Llanos Orientales por el cierre de la vía que comunica la región con el centro de Colombia es muy compleja. Un deslizamiento de gran magnitud en la entrada al municipio de Guayabetal (kilómetro 58) provocó el cierre de la vía y amenaza a esa población. Mientras las condiciones climáticas y de seguridad no permitan que se habilite de nuevo la vía, se seguirá agravando el drama que padecen las comunidades y los sectores económicos de la región por las dificultades en el transporte y las millonarias pérdidas que esto implica.

Los problemas a lo largo de los 123 kilómetros que conectan el oriente con la capital del país no son nuevos ni anecdóticos. De hecho, el próximo 28 de junio se cumplirán 45 años de la tragedia en Quebrada Blanca, cuando un derrumbe sobre un puente de la vía, que ya se había caído dos veces, cobró la vida de más de 300 personas. En la última década medida (2000-2010) se han registrado 150 derrumbes y las lluvias de los últimos meses ya habían provocado decenas de cierres preventivos de la vía.

En la cordillera Oriental, por donde cruza la carretera al Llano, convergen condiciones topográficas enormemente complejas y factores que incrementan la predisposición a derrumbes, como cambios en el uso del suelo, deforestación, explotación de canteras y nuevas condiciones climáticas. Lo grave es que, como varios expertos han señalado, no se han adelantado las acciones necesarias para prevenir y mitigar estos riesgos. Por el contrario, el mal uso del suelo y la omisión de las autoridades locales y ambientales al no ejercer controles adecuados están contribuyendo a exacerbar la inestabilidad y los derrumbes.

Esta situación se agrava si se consideran las características, a todas luces desventajosas, del contrato que se otorgó a un privado para diseñar, construir y operar la carretera. Según una auditoría realizada por la Contraloría General, el contrato bajo el cual se le entregó la vía a Coviandes hasta el 2054 no obliga a la atención integral y definitiva de los puntos críticos ni a que se preste un servicio continuo. Es más, luego se firmó un contrato adicional y tres otrosíes en el marco de esa licitación en los cuales generosamente se eximió a la concesionaria de la responsabilidad de solucionar los deslizamientos en los sitios inestables.

Esto quiere decir que mientras Coviandes cobra algunos de los peajes más costosos del país y se limita a reparar el adoquín y sellar las grietas, es el Estado el que debe atender estas contingencias y asumir los costos de cualquier solución estructural definitiva, sin contar con los recursos provenientes del uso de la vía.

Hace bien la Contraloría en poner la lupa sobre este tipo de compromisos contractuales que parecen pensados bajo la lógica de socializar pérdidas y privatizar utilidades. Las enormes falencias en la operación de la vía al Llano son un llamado a revaluar cómo se estructuran estas alianzas público-privadas, cuyas condiciones terminan reduciendo al mínimo los riesgos del negocio privado a costa del Estado.

Mientras una región entera padece los estragos del aislamiento, no podemos renunciar a resolver el problema ni seguir escudándonos en las contingencias. La vía al Llano necesita soluciones.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.

El país vuelve a enfrentar una grave crisis por cuenta de problemas asociados a la infraestructura. El cierre indefinido de la vía al Llano no solo ha dejado a toda una región con serias dificultades de comunicación con graves efectos económicos y sociales, sino que pone de relieve falencias institucionales serias e inexcusables.

La situación que enfrentan los Llanos Orientales por el cierre de la vía que comunica la región con el centro de Colombia es muy compleja. Un deslizamiento de gran magnitud en la entrada al municipio de Guayabetal (kilómetro 58) provocó el cierre de la vía y amenaza a esa población. Mientras las condiciones climáticas y de seguridad no permitan que se habilite de nuevo la vía, se seguirá agravando el drama que padecen las comunidades y los sectores económicos de la región por las dificultades en el transporte y las millonarias pérdidas que esto implica.

Los problemas a lo largo de los 123 kilómetros que conectan el oriente con la capital del país no son nuevos ni anecdóticos. De hecho, el próximo 28 de junio se cumplirán 45 años de la tragedia en Quebrada Blanca, cuando un derrumbe sobre un puente de la vía, que ya se había caído dos veces, cobró la vida de más de 300 personas. En la última década medida (2000-2010) se han registrado 150 derrumbes y las lluvias de los últimos meses ya habían provocado decenas de cierres preventivos de la vía.

En la cordillera Oriental, por donde cruza la carretera al Llano, convergen condiciones topográficas enormemente complejas y factores que incrementan la predisposición a derrumbes, como cambios en el uso del suelo, deforestación, explotación de canteras y nuevas condiciones climáticas. Lo grave es que, como varios expertos han señalado, no se han adelantado las acciones necesarias para prevenir y mitigar estos riesgos. Por el contrario, el mal uso del suelo y la omisión de las autoridades locales y ambientales al no ejercer controles adecuados están contribuyendo a exacerbar la inestabilidad y los derrumbes.

Esta situación se agrava si se consideran las características, a todas luces desventajosas, del contrato que se otorgó a un privado para diseñar, construir y operar la carretera. Según una auditoría realizada por la Contraloría General, el contrato bajo el cual se le entregó la vía a Coviandes hasta el 2054 no obliga a la atención integral y definitiva de los puntos críticos ni a que se preste un servicio continuo. Es más, luego se firmó un contrato adicional y tres otrosíes en el marco de esa licitación en los cuales generosamente se eximió a la concesionaria de la responsabilidad de solucionar los deslizamientos en los sitios inestables.

Esto quiere decir que mientras Coviandes cobra algunos de los peajes más costosos del país y se limita a reparar el adoquín y sellar las grietas, es el Estado el que debe atender estas contingencias y asumir los costos de cualquier solución estructural definitiva, sin contar con los recursos provenientes del uso de la vía.

Hace bien la Contraloría en poner la lupa sobre este tipo de compromisos contractuales que parecen pensados bajo la lógica de socializar pérdidas y privatizar utilidades. Las enormes falencias en la operación de la vía al Llano son un llamado a revaluar cómo se estructuran estas alianzas público-privadas, cuyas condiciones terminan reduciendo al mínimo los riesgos del negocio privado a costa del Estado.

Mientras una región entera padece los estragos del aislamiento, no podemos renunciar a resolver el problema ni seguir escudándonos en las contingencias. La vía al Llano necesita soluciones.

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