El magistrado Gustavo Malo debe renunciar

Por el respeto a la reputación  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y como medida para preservar la confianza que mantenemos los colombianos en la justicia, el magistrado Gustavo Malo debe renunciar cuanto antes a su cargo y abandonar el bochornoso espectáculo de resistirse a los pedidos de sus colegas. No se trata de prejuzgarlo, sino de recordar que las instituciones, y su integridad, son mucho más importantes que los orgullos particulares de quienes las representan.

Al cierre de esta edición, y pese a que en dos ocasiones sus colegas de la CSJ le han pedido que renuncie, Malo se mantiene atornillado a su puesto. Otra vez la justicia queda a merced de egos individuales. Él insiste en su inocencia, pero ese no es el punto: su permanencia en la Corte genera justa desconfianza sobre todos los procesos a su cargo.

Contra Malo hay una investigación preliminar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para determinar si participó o no en la red de corrupción que se habría gestado en ese alto tribunal. Por ese mismo asunto ya se abrieron preliminares contra dos expresidentes de la Corte: José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Se supone que el rostro de esa red de corrupción era Gustavo Moreno, quien fue litigante, asesor de la Comisión de Acusación y, por último, jefe anticorrupción de la Fiscalía.

Independientemente de que Malo sea inocente o no, su nombre es inevitable en medio del escándalo que ha surgido por los procesos donde estuvo involucrado Moreno. Primero, en una de las grabaciones de la DEA relacionadas con Alejandro Lyons se oye a Leonardo Pinilla decir “ese man (José Leonidas Bustos) tenía garra con Gustavo Malo”.

Segundo, en manos de Malo se encuentra el expediente del caso que investiga presuntos lazos con los paramilitares del congresista Musa Besaile. Éste confesó hace poco haber pagado en 2015 $2.000 millones a Gustavo Moreno para que ese proceso no avanzara.

Tercero, Malo también es la cabeza del expediente del caso del excongresista Julio Manzur, donde también se ha denunciado que Moreno ofreció sus servicios para no permitir que ese proceso siguiera su curso.

Cuarto, varios testimonios dentro y fuera de la CSJ han hablado de la cercanía de Malo con los otros dos implicados: Bustos y Ricaurte.

Quinto, su hija, Yara Milena Malo, fue señalada por una fiscal de exigirle un porcentaje del sueldo por supuestamente haber logrado que Malo la nombrara en su cargo actual.

Malo dijo que las denuncias en su contra son una “infamia” y ha repetido, ante sus colegas de la CSJ, que es inocente. Según reporta El Tiempo, el magistrado dijo que “renunciar es aceptar que cometí algún delito”.

Eso no es cierto. Malo tiene todo el derecho a defenderse y las garantías del debido proceso para demostrar su inocencia en las instancias relevantes. Nadie le está negando esa posibilidad. Los motivos para exigirle la renuncia son distintos: las dudas sobre su nombre y la cercanía con los procesos que tienen a la CSJ en medio de la peor crisis de legitimidad en la historia de la Constitución del 91 son justificación suficiente para que sea necesario dar un paso al costado.

La CSJ es uno de los pilares del Estado moderno colombiano. Quienes en ella sirven no son más que representantes de la apuesta constitucional por una justicia independiente, proba. Si hay el menor atisbo de duda sobre las características individuales de los magistrados, los involucrados deben entender que son más importantes la supervivencia y la fortaleza de la institución que sus carreras personales. Ese es el sacrificio que hacen los servidores públicos: prestarse para un engranaje que tiene más prioridad que ellos. La renuncia de Malo no es un asunto de inocencia o culpabilidad, sino de respeto a la Corte. Cada día que permanece en su cargo es un daño que le hace al país.

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