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La presunción de inocencia existe, sí. Eso es claro. Sin embargo, como lo hemos dicho en varias ocasiones, los funcionarios que busquen ocupar altos cargos del Estado tienen una carga aún mayor de rectitud y transparencia que los blinde con la legitimidad que las instituciones oficiales necesitan. Por eso, la elección de Juan Carlos Granados a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un fracaso por parte del presidente Iván Duque, que lo ternó, y del Congreso de la República, que lo seleccionó. En unos días, el ahora juez de la Rama Judicial en el país tendrá que enfrentar la acusación de la Fiscalía por supuestos sobornos de Odebrecht. ¿Cómo pedirles a los colombianos que confíen en los órganos judiciales cuando las ramas del poder público no son diligentes al juzgar la idoneidad de las personas a las que nombran?
Tenemos que ser claros: Granados no ha sido vencido en juicio. Bajo la Constitución, como ya dijimos, tiene la protección de la presunción de inocencia. No estamos discutiendo eso. El problema es que, al momento de ser nombrado en un cargo como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las meras sospechas deberían ser suficientes para descalificar. Además, está la posibilidad de que su caso, por su nuevo fuero, pase a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¿Por qué el presidente que lo ternó y los parlamentarios que lo eligieron no tuvieron eso en cuenta?
En el escrito de acusación la Fiscalía dice: “Acorde con los elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que a partir del año 2011 Juan Carlos Granados, como candidato a la Gobernación de Boyacá y durante el período en el que ejerció como primer mandatario del departamento, años 2012 a 2015, se concertó con otras personas, entre ellas los directivos de la firma Odebrecht [...] para cometer varios delitos”. Entonces, dice el ente investigador, hubo una reunión en la que se discutió el proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil y la conclusión del encuentro fue que Odebrecht apoyaría la campaña de Granados a la Gobernación con $200 millones. Por eso, se acusó a Granados por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias en servidor público. Hay una audiencia programada para dentro de unos días.
No deja de ser extraño que mientras el ente investigador del Estado quiere condenar a Granados, la Rama Legislativa lo premie con una posición tan importante. Además, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se creó con la tarea de empezar a limpiar las dudas que había sobre la labor que antes realizaba la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Paradojas frustrantes de la institucionalidad colombiana.
Ahora, Granados forma parte de una Comisión que juzga a jueces y fiscales de todo el país, mientras un juez estudia una acusación en su contra presentada por un fiscal. ¿Era necesario crear esta situación? ¿Condenar así a la Comisión a surgir en medio de tantos cuestionamientos? Las instituciones son más importantes que las personas y todo funcionario debería entender eso. Pero a ninguno de los involucrados en esta selección pareció importarle la legitimidad de la justicia y el mensaje que envían a los colombianos.
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