El medioambiente, de nuevo

El debate, lastimosamente, sigue siendo el mismo: poblaciones locales altamente preocupadas por sus recursos naturales y proyectos de explotación, importantes para las finanzas nacionales, pero que no entran en diálogo con las regiones.

Las palmas del valle del Cocora están en riesgo por la desconexión entre los proyectos de extracción apoyados por el Gobierno y los intereses locales. / El Espectador
Las palmas del valle del Cocora están en riesgo por la desconexión entre los proyectos de extracción apoyados por el Gobierno y los intereses locales. / El Espectador

De nuevo el medioambiente fue motivo para que la ciudadanía expresara su descontento con la política de explotación minera que el Gobierno sigue adelantando. Pese a que desde el Ejecutivo se han enviado señales sobre un cambio en la forma de poner en marcha estos planeas, siguen existiendo casos que demuestran una desconexión entre las prioridades regionales y los intereses económicos de la Nación.

El lunes se presentó una protesta en redes sociales que buscaba proteger los árboles de palma de cera, emblema nacional. Los hechos que motivaron la situación surgieron en Salento, municipio del Quindío, el cual recibió una notificación de la Agencia Nacional Minera (ANM) en la que les advertían que estaba en trámite una propuesta para hacer exploración y explotación de oro y platino en un área de 3.182 hectáreas entre Salento, Filandia y Quindío.

El problema radica en que la ANM le daba a Salento un plazo de 30 días para presentar un estudio técnico en caso de que quieran oponerse. En palabras de Tatiana Herrera, personera del municipio, a El Espectador: “¿Usted cree que un municipio como Salento, de casi 10.000 habitantes, tiene la capacidad para hacer en un mes estudios que desvirtúen esa decisión? La respuesta es obvia”. Y no sólo eso, sino que demuestra la falta de comunicación que hay entre los intereses de las regiones afectadas por los proyectos de explotación, en este caso de oro, y el de las agencias estatales nacionales, respaldadas por el Gobierno.

Según Herrera, de las 37.500 hectáreas que tiene Salento, el 98% tiene alguna figura de protección, bien sea como Área Forestal, Reserva Natural o Distrito de Manejo Integrado, aunque solo 1.632 hectáreas (poco más del 4%) estén en zona de parque nacional natural. ¿Por qué la notificación sólo otorga un mes para contestar sin dar las capacidades técnicas para hacerlo? ¿La decisión ya está tomada y la aprobación local es un mero trámite más?

Y a tan sólo cinco kilómetros del área afectada está otro proyecto que tiene a la población molesta: la mina de cielo abierto La Colosa que, según ambientalistas, puede estar poniendo en riesgo un área de más de 600.000 palmas de cera.

El debate, lastimosamente, sigue siendo el mismo: poblaciones locales altamente preocupadas por sus recursos naturales y proyectos de explotación, importantes para las finanzas nacionales, pero que no entran en diálogo con las regiones.

De la aparente incoherencia ambiental del Gobierno Nacional ya hemos hablado. Este caso particular sólo muestra otra arista: el desinterés por las voces locales en la definición de los planes. También queda en evidencia los problemas que vienen con la aprobación de proyectos de manera expedita, pero sin brindarles a los municipios la capacidad para evaluarlos como es correcto.

Sabemos que el país necesita los grandes proyectos para enfrentar la crisis económica, pero todas estas protestas demuestran que los colombianos quieren procesos de participación y decisión distintos para la puesta en marcha de estos planes, y también quieren ver que el discurso ambientalista del Gobierno se traduzca en medidas valientes para proteger nuestros recursos naturales.

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