El oportunismo del Congreso

Es decepcionante que entre las prioridades de los congresistas no esté un sistema político más plural y transparente. / Archivo El Espectador

El hundimiento de la reforma política  en el Legislativo no representa solamente una oportunidad perdida para cambiar las reglas de juego de la política y modernizar el sistema electoral. También se malogra el propósito de las comisiones de expertos, ante los oídos sordos de un Congreso que no sólo echó por la borda las recomendaciones que se le hicieron y saboteó el proyecto de todas las formas posibles, sino que intentó ponerlo al servicio de sus intereses más mezquinos.

Como parte de los compromisos adquiridos para la implementación del Acuerdo de Paz, se concertó la creación de una Misión Electoral Especial (MEE) que debía presentar recomendaciones normativas e institucionales necesarias para asegurar una mayor autonomía, pluralismo y, sobre todo, transparencia del sistema electoral colombiano.

La comisión, compuesta por siete expertos altamente calificados, cumplió con lo que se le encomendó. Como explicó Juan Carlos Rodríguez-Raga, codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y miembro de la MEE en una columna para La Silla Vacía, durante varios meses se reunieron con cada partido y movimiento político “indagando acerca de su diagnóstico de la situación del sistema político y de sus propuestas de solución; además, la MEE revisó con cuidado la normatividad y la literatura comparada sobre regímenes electorales y financiación de campañas, y se reunió con expertos nacionales e internacionales para discutir alternativas de reforma”. 

En abril, después de un trabajo juicioso y ponderado, la MEE le entregó al Gobierno sus recomendaciones alrededor de tres ejes: la arquitectura institucional de lo electoral, el sistema electoral propiamente dicho y la financiación de partidos y campañas. Una vez el Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de reforma política, poco a poco el texto fue cambiando, alejándose de su propósito inicial hasta quedar casi irreconocible. Aunque es normal que un proyecto así experimente modificaciones en su tránsito legislativo, es evidente que el Congreso ignoró las recomendaciones de la comisión y eliminó aspectos claves como la financiación de las campañas, un nuevo tribunal electoral independiente que controle a los partidos y las campañas, y las listas cerradas para corporaciones públicas.

Como si no fuera suficiente, los parlamentarios aprovecharon la oportunidad para impulsar el transfuguismo, politizar todavía más el Consejo Electoral para que defendiera los intereses de los partidos en lugar de vigilarlos y sacar del paso las inhabilidades que no les permiten en cualquier momento ser ministros o embajadores, en un claro desprecio por el valor y sentido del voto de los ciudadanos que los eligieron.

Quedó además en evidencia el desaprovechamiento de las comisiones de expertos. ¿Cuál es el punto de convocar estas comisiones, que dedican tiempo, recursos y esfuerzos considerables para dar con propuestas serias y coherentes que luego van a ser desechadas, mutiladas o deformadas hasta perder su sentido original?

Es decepcionante que entre las prioridades de los congresistas no esté un sistema político más plural y transparente. Pervertir la esencia y los objetivos de la reforma, que por fortuna terminó archivada, sacó a relucir su peor cara. Las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año pasarán sin que tengamos la reforma que el país necesita. Con nuestro liderazgo político luce imposible perfeccionar nuestra democracia.

 

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