Según un análisis presentado la semana pasada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), en la zona sur de la región Pacífico abundan los municipios con tasas mayores al 80 % de pobreza multidimensional (aquella que mide las condiciones de salud, educación, vivienda, entre otras, y no sólo los ingresos).
Al observar en detalle lo que eso significa, nos encontramos con un mapa de todas las maneras en que el Estado les ha fallado de manera sistemática a los colombianos en estas regiones que, por cierto, en buena parte pertenecen a grupos étnicos.
De esa manera, por ejemplo, hay poblaciones que tienen sólo un 32 % de cobertura de alcantarillado. Hay 11 municipios (de 39) que no tienen vías de acceso terrestre, lo que fomenta su aislamiento. Además, sólo el 52 % de personas entre cinco y 24 años en esas zonas asisten a entidades educativas, muy por debajo del 60,9 % del promedio nacional.
Sobre eso último, Rimisp dice que hay serios problemas por deudas en el “acceso a equipamientos, escuelas públicas de buena calidad, centros de salud, infraestructura productiva, como distritos de riego, y a empleos atractivos”.
Contrasta la situación de esas zonas, además fuertemente golpeadas por la violencia en este “posconflicto”, con lo que ocurre en otros lugares del país. Mientras persista esa desigualdad, y el Gobierno no sea capaz de suplir los vacíos, es difícil esperar un futuro en paz.
La buena noticia es que la administración de Juan Manuel Santos ha dicho en varias ocasiones que está comprometido con solucionar esta situación. La semana pasada, en el municipio de Barbacoas, se presentó al general Fredy Tibaduiza, quien estará permanentemente en Tumaco para contrarrestar los problemas de orden público que se vienen denunciando.
Al respecto, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, dijo que “si esto llega a fracasar, estoy seguro de que no, el vicepresidente será el responsable, no tengo duda de asumir esa responsabilidad”. Un gesto que celebramos, pero que debe venir de resultados, pues ya llevamos dándole vueltas al mismo problema incluso antes desde la firma final.
Hasta el momento, el posconflicto en las zonas abandonadas ha estado marcado por discursos de buenas intenciones, pero planes sin ejecución, falta de recursos y ciudadanos denunciando no sólo que los están persiguiendo, sino que no se está viendo la inversión para darle sostenibilidad a las regiones.
El futuro de Colombia depende del éxito de la intervención en el Pacífico. No podemos perder esa batalla.
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