El primer año de la JEP

Se cumplió un año desde que se puso en funcionamiento el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en particular la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y aunque los obstáculos no han cesado, ha quedado en evidencia la importancia de esta institución para el futuro de Colombia y la reconciliación.

El futuro de la JEP nunca ha estado asegurado. Pese a los intentos de blindarla durante la administración de Juan Manuel Santos, las demoras legislativas y la llegada al poder del Centro Democrático —partido que se ha opuesto a ella— han obstaculizado su labor.

El ambiente hostil hacia los Acuerdos de Paz ha convencido a una porción de los colombianos de que el sistema de justicia transicional es sinónimo de impunidad para los exguerrilleros. Por eso, desde que arrancó labores, la JEP ha tenido un camino cuesta arriba para obtener legitimidad. Como explicó Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción, la desconfianza se debe a que se trata de “un modelo desconocido, inédito, sobre el que pesa la incertidumbre de generaciones que vieron naufragar otros intentos de paz”.

Por fortuna, hasta ahora sus actuaciones han dado ejemplo no solo de su utilidad, sino de que en Colombia se puede hacer un proceso de justicia transicional que ayude a la reconciliación.

En estos 12 meses, los procesos abiertos por la JEP han reconocido a 32.000 víctimas. En este tiempo también 11.661 se han comprometido a comparecer ante la Jurisdicción: 9.687 corresponden a las Farc y 1.938 a integrantes de la Fuerza Pública. Es decir, la justicia transicional está andando.

El significado histórico de estos hechos no podrá apreciarse hasta dentro de unos años, pero es una excelente noticia para el país que los procesos por secuestro, violencia sexual y otros crímenes que ocurrieron durante el conflicto estén andando. La JEP también anunció la apertura de un proceso por el genocidio contra la Unión Patriótica. Es una oportunidad única para que Colombia enfrente tantos casos silenciados y momentos dolorosos que han sido constantemente ignorados.

Por supuesto, los retos no van a desaparecer. La actitud reciente de Iván Márquez, exnegociador de las Farc, quien ha dicho que el proceso de paz está fracasando, implica un reto para la JEP. Si el exguerrillero no comparece en el proceso que se adelanta contra él por secuestro, sin duda deberá perder los beneficios. Esa fue la promesa: cero tolerancia ante cualquier tipo de incumplimiento.

Linares les dijo a los colombiano que “pueden tener la certeza y la tranquilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz actúa y actuará respetando el Estado de derecho y el marco normativo nacional e internacional que se le impone”. Es lo que todos esperamos. También le pedimos al Congreso que, por el bien del país, no intente introducir reformas que desarmen a la JEP. Dejarla seguir haciendo su trabajo es la clave para que Colombia logre voltear la página.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Se cumplió un año desde que se puso en funcionamiento el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en particular la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y aunque los obstáculos no han cesado, ha quedado en evidencia la importancia de esta institución para el futuro de Colombia y la reconciliación.

El futuro de la JEP nunca ha estado asegurado. Pese a los intentos de blindarla durante la administración de Juan Manuel Santos, las demoras legislativas y la llegada al poder del Centro Democrático —partido que se ha opuesto a ella— han obstaculizado su labor.

El ambiente hostil hacia los Acuerdos de Paz ha convencido a una porción de los colombianos de que el sistema de justicia transicional es sinónimo de impunidad para los exguerrilleros. Por eso, desde que arrancó labores, la JEP ha tenido un camino cuesta arriba para obtener legitimidad. Como explicó Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción, la desconfianza se debe a que se trata de “un modelo desconocido, inédito, sobre el que pesa la incertidumbre de generaciones que vieron naufragar otros intentos de paz”.

Por fortuna, hasta ahora sus actuaciones han dado ejemplo no solo de su utilidad, sino de que en Colombia se puede hacer un proceso de justicia transicional que ayude a la reconciliación.

En estos 12 meses, los procesos abiertos por la JEP han reconocido a 32.000 víctimas. En este tiempo también 11.661 se han comprometido a comparecer ante la Jurisdicción: 9.687 corresponden a las Farc y 1.938 a integrantes de la Fuerza Pública. Es decir, la justicia transicional está andando.

El significado histórico de estos hechos no podrá apreciarse hasta dentro de unos años, pero es una excelente noticia para el país que los procesos por secuestro, violencia sexual y otros crímenes que ocurrieron durante el conflicto estén andando. La JEP también anunció la apertura de un proceso por el genocidio contra la Unión Patriótica. Es una oportunidad única para que Colombia enfrente tantos casos silenciados y momentos dolorosos que han sido constantemente ignorados.

Por supuesto, los retos no van a desaparecer. La actitud reciente de Iván Márquez, exnegociador de las Farc, quien ha dicho que el proceso de paz está fracasando, implica un reto para la JEP. Si el exguerrillero no comparece en el proceso que se adelanta contra él por secuestro, sin duda deberá perder los beneficios. Esa fue la promesa: cero tolerancia ante cualquier tipo de incumplimiento.

Linares les dijo a los colombiano que “pueden tener la certeza y la tranquilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz actúa y actuará respetando el Estado de derecho y el marco normativo nacional e internacional que se le impone”. Es lo que todos esperamos. También le pedimos al Congreso que, por el bien del país, no intente introducir reformas que desarmen a la JEP. Dejarla seguir haciendo su trabajo es la clave para que Colombia logre voltear la página.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.