El problema es la plata

El pasado 3 de octubre, finalmente, el Gobierno radicó su proyecto para reformar la educación superior.

La propuesta adoptó muchas críticas que algunos rectores y estudiantes levantaron: en particular, el tema de la “privatización” (que se daba a través de la creación de universidades con ánimo de lucro y la inversión de capital privado en la educación pública) fue retirado del proyecto en una movida inesperada del presidente.

El proyecto de la reforma a Ley 30, que hoy está en el Congreso, quiere apuntarle, principalmente, a los siguientes puntos: financiación, cobertura, autonomía y calidad de la educación. Pero al eliminarse la “privatización” del articulado se deja un bache: la creación de centros con ánimo de lucro solucionaba en gran parte el problema de la cobertura. La inyección del capital privado, a su vez, solucionaba el problema de la falta de recursos del Estado. La “privatización” propuesta por la ley tiene, sin embargo, problemas grandes: la calidad educativa –Brasil es el caso– se disminuye, se eliminan carreras no adecuadas a las exigencias del mercado y se aumenta la deserción. Con el capital privado se les resta autonomía a los centros. En una ponderación lo más razonable fue la decisión tomada: no sacrificar la calidad por la cobertura ni la autonomía por la financiación.

El problema se reduce a la plata. A las consecuencias del presupuesto, las fuentes y la forma de repartirlo. Mientras el Gobierno ha dicho que habrá dos fuentes de financiación, una el Sistema Nacional de Regalías y otra el 10% del Presupuesto General de la Nación, para crear así 600 mil cupos universitarios más, los estudiantes dicen que, en plata blanca, se crearán muchos menos cupos por el gasto que calculan por cada estudiante. Es decir, el dinero es insuficiente. Temen también, quienes hoy protestan, por la autonomía. Dentro del articulado se contemplan tres tipos de instituciones: privadas, públicas y mixtas. Estas últimas conformadas por una mezcla entre capital del Estado y de los particulares. Los estudiantes temen mucho que las universidades estatales puedan transformarse en mixtas por la aparición de un inversionista privado que ponga a depender la autonomía de su capricho. Esto sumado a que un miembro del Consejo Superior Universitario, a dicho de la ley, sea una persona del sector productivo, aterroriza a los opositores. Es decir, otra vez, un problema de plata. De quién la da y qué derechos, según el monto, adquiere para mandar.

Un asunto distinto por el que también protestan los estudiantes es el de la aspiración siempre válida a una educación pública gratuita en todos los niveles. Allí hay un tema nuevo , no contemplado en la reforma, que, sin embargo, se reduce a lo mismo: el dinero.

Al margen de esta aspiración, sostenemos que la reforma tal y como está planteada, para aumentar la cobertura y calidad, es más acertada que errada. La ministra de Educación ha manifestado que en el proceso se darán mesas de concertación para sentar a debatir a estudiantes, opositores y todo tipo de miembros del sector. Este gobierno, más especialista en retórica que en otra cosa, deberá cumplir esto para que no se convierta en una “socialización” del proyecto, sino en un debate con mente abierta a la posibilidad de introducir algunos cambios.

Los opositores alegan muchas cosas: que se trata de una reforma neoliberal sin tener en cuenta la amplitud del derecho, que no hay una real autonomía, que las universidades mixtas reducirán la calidad, que el dinero de las regalías será entregado a través de Colciencias (es decir, una guerra por la plata), entre otras. De manera que resulta simplista y arrogante enfrentar estas protestas con el argumento de que los estudiantes no se han leído la reforma presentada.