El Salado, abandonado de nuevo a su suerte

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Uno de los lugares más golpeados por la barbarie del conflicto vuelve a ser blanco de los violentos. Los habitantes de El Salado denunciaron esta semana que recibieron, una vez más, amenazas de muerte para que abandonen el corregimiento. Aunque las autoridades han anunciado medidas ante los llamados de la población, lo que está sucediendo parece una especie de ritual que se repite cada vez que los actores armados acechan. Se encienden las alarmas, la Fuerza Pública hace presencia, se abren investigaciones y todo sigue igual. ¿Hasta cuándo?

El Salado se convirtió en un caso emblemático, por atroz, del conflicto armado. En febrero de 2000, grupos paramilitares pertenecientes a las autodefensas irrumpieron en este corregimiento del departamento de Bolívar y sembraron el terror durante varios días a punta de torturas, violaciones y homicidios. El saldo fueron más de 60 personas asesinadas y un pueblo desolado. Se trata de uno de los hechos más dolorosos en la historia del país.

Han pasado 21 años desde entonces, pero El Salado, lejos de ser el mismo, sigue sintiendo los ecos del horror. En días pasados empezaron a circular panfletos firmados por las Águilas Negras, donde aparecen las fotos de 11 líderes sociales y miembros de la comunidad, y se asegura que van a “limpiar la comunidad de esta plaga de gente”.

Entre ellos está la defensora de derechos humanos Yirley Judith Velasco, quien ya ha sido amenazada por su trabajo como representante de las víctimas de violencia sexual de la masacre. En declaraciones a Radio Nacional, dijo que “la población tiene miedo por los panfletos, en las calles se siente el temor y están solas”, y recordó que a las intimidaciones se suma la preocupación por la falta de empleo. Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que “nuevamente los líderes y gran parte de la comunidad de El Salado se han reunido alrededor de la estación de Policía del corregimiento solicitando que se les garantice su seguridad”.

La Defensoría del Pueblo ya había alertado en 2020 sobre la difícil situación de orden público que se vive en la zona. Según el organismo, en el casco urbano del Carmen de Bolívar, el municipio al que pertenece El Salado, el Clan del Golfo ha impuesto restricciones de movilidad y confinamientos durante la noche con amenazas e intimidación. ¿Dónde estaba y qué hizo el Estado mientras todo esto ocurría?

Además, no es la primera vez que los saladeros claman, con justa razón, por una presencia estatal. Luego de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011, el corregimiento se convirtió en un escenario donde agencias de cooperación y entidades estatales prometieron atender las afectaciones por el conflicto armado. En 2012, El Salado fue designado sujeto de reparación colectiva y se diseñó un plan integral para reparar a la comunidad. Pero hoy, según la Unidad de Víctimas, ese plan apenas tiene un avance del 40 %. Sus habitantes no solo siguen abandonados a su suerte, sino que los violentos otra vez se sienten autorizados para imponer su ley.

Es doloroso comprobar que la historia intenta repetirse: calles desoladas, habitantes atemorizados, intimidaciones con nombres propios, actores armados que se pasean a sus anchas por los territorios, zozobra e impotencia. El lamento de Yirley Velasco sobre lo que está sucediendo en El Salado es diciente y descorazonador: “Estamos cansados de tanta violencia”.

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