El subsidio de transporte, como es lógico fijar en el mismo paquete de noticias, quedó en $72.000. Fue sorpresivo, sin duda. Los pesimistas planteaban la posibilidad de que lo máximo sería un incremento de 3 puntos y fracción. En vez de ser una cifra por encima de la inflación, resultó más alta de lo que se esperaba: “Logramos estar cerca de 3 puntos por encima de la inflación y esto es significativo para los trabajadores”, dijo Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo.
Si bien es cierto que no todas las partes quedaron satisfechas, como la Central Unitaria de Trabajadores, que rechazó el aumento y anunció marchas para el próximo año, voz a la que se sumaron algunos políticos (y oportunistas también), hay que destacar que a este salario mínimo se llegó por medio de un acuerdo entre casi todas las partes, sacando de taco la posibilidad, antipática, de que el gobierno de Juan Manuel Santos, otra vez, lo fijara por decreto.
Es antipática porque luce como algo hecho a las malas: a la orden que subsana lo que la conciliación no puede. Que no suceda esto nos parece, a todas luces, positivo.
Pero entremos en esa materia engorrosa de los números. Lo cierto de toda esta realidad es que el salario mínimo se fija teniendo en cuenta la productividad, la inflación corriente y la esperada. Teniendo en cuenta que la inflación esperada y corriente están alrededor del 2,5%, el aumento del salario mínimo hubiera podido ser mucho menor. Sin embargo, previendo la inflación en el 3%, como un escenario límite, decidieron meter el aumento que sorprendió a todos. No está mal trabajar a prevención en estos temas. Y, pese a que la diferencia en plata blanca no es mucha, sí lo es a nivel empresarial y de política económica.
¿Es lo justo, sin embargo? Las opiniones al respecto abundan, aunque, de nuevo, muchas de ellas pueden deberse a algún interés político particular. Referirse a ellas sería inoficioso. Es mucho más provechoso un comentario global, que resuma, más bien, lo que se necesita de aquí en adelante. Decíamos en este espacio hace un año que de nada servía enfrascarnos en luchas intestinas por subir uno o dos puntos una cifra porcentual sobre el salario legal mínimo, cuando la realidad está diciendo a gritos que en este país los contratos formales de trabajo no se respetan. O, peor, no existen. ¿De qué servía —nos preguntábamos— fijar una cifra en una realidad que no permitía su subsistencia?
Este año, debido a que las tasas de informalidad han bajado y a que el aumento del salario mínimo fue ciertamente sorpresivo, cabe hacernos otra pregunta: ¿cuál es el camino correcto a seguir en cuanto al salario mínimo? ¿En cuanto a sus discusiones y su concepción?
No sólo deberíamos organizar el salario mínimo con un criterio de diferenciación claro (por edades, por regiones, por sectores productivos), sino que sería positivo entrar en el mismo debate que muchas otras naciones del mundo: comenzar a preguntarnos por el concepto de “salario básico vital”, uno que, por no ir muy lejos en su definición, le permita al estrato más bajo de la sociedad satisfacer sus necesidades mínimas.
Si tanto estamos celebrando por este paso pues entonces demos más en la dirección correcta. Empecemos a dar las discusiones realmente importantes. Mucho hace falta en este país asumir más criterios para definir, con equidad, los mínimos de los ciudadanos. Que este sea el contexto.