El testamento de un testigo ignorado

El país necesita respuestas y, ante todo, total transparencia y celeridad por parte de las autoridades en todo lo ocurrido con Odebrecht en el país.

Las declaraciones de Jorge Enrique Pizano publicadas póstumamente por Noticias Uno este fin de semana plantean muchas preguntas. En medio de uno de los casos más importantes de corrupción en la historia de Colombia, es frustrante que quien tenía múltiples pruebas de irregularidades desde hace por lo menos seis años haya sido ignorado, atemorizado y aislado. El país necesita respuestas y, ante todo, total transparencia y celeridad por parte de las autoridades involucradas en todo lo ocurrido.

Pizano falleció la semana pasada en su finca a causa, según se ha difundido, de un infarto. Ensombreciendo aún más la situación, su hijo menor, Alejandro Pizano, murió a los tres días, en la misma finca y en el mismo escritorio de su padre. Según fuentes cercanas a lo ocurrido, Alejandro Pizano tomó una botella de agua, se quejó de su sabor y murió minutos después. En medio de la tragedia, es necesario que las autoridades investiguen a cabalidad ambos fallecimientos y les aclaren a los familiares, y al país entero, lo ocurrido.

Dentro del escándalo de Odebrecht, Pizano fue una voz censurada. Pese a que asistió a todas las instancias, con pruebas en mano, para demostrar que había advertido a miembros de Corficolombiana, para quien trabajaba, sobre las irregularidades en dineros provenientes de la multinacional brasileña, no le prestaron cuidado: ni en aquel entonces, ni después de que los escándalos estallaran y la Fiscalía adelantara sus investigaciones.

La pregunta necesaria es: ¿por qué?

En sus declaraciones y las grabaciones que hizo, Pizano aportó pruebas de que el actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sabía de sus investigaciones sobre Odebrecht desde el 2015. Al respecto, el fiscal, en un comunicado dado a conocer ayer, dijo que no había certeza del alcance de sus descubrimientos y que “la duda que le asistía (a Pizano) explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades”. También reiteró que se declaró “impedido en la oportunidad debida y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia”, en los casos relacionados con Corficolombiana.

Aceptado lo anterior, sigue siendo problemático que sean subalternos del fiscal Martínez quienes estén al mando de la investigación, especialmente cuando Pizano demostró que sus múltiples denuncias no se quisieron escuchar. Entre las preguntas por responder está la imputación de cargos en contra de Pizano por un caso viejo y que él estaba convencido era una manera de presionarlo y silenciarlo: “A quienes nos opusimos a Odebrecht, como (Luis Fernando) Andrade (y yo), no saben cómo acallarnos. A Andrade, cada vez que abre la boca, le imputan un cargo”, le escribió a Cecilia Orozco, como ella lo cuenta en su columna de hoy en El Espectador.

Buscando la mayor transparencia, ¿no habría manera de que la Corte Suprema de Justicia designe un fiscal ad hoc, ajeno a la Fiscalía, de tal manera que todo el proceso pueda cubrirse de mayor legitimidad? La situación es muy delicada y lo que ha quedado claro, nos parece, es que no todos los involucrados han sido vinculados a procesos por la corrupción relacionada con Odebrecht. Lo ocurrido con Pizano es lamentable y el escándalo desatado debe desencadenar, como mínimo, mayores explicaciones de los involucrados.

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