El uso del transporte cambió, ¿la regulación cuándo?

La respuesta no es la prohibición. Es momento de abrir las negociaciones de nuevo y convocar a las plataformas y al gremio de taxistas. / Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador

El balance del paro de taxistas del pasado miércoles es que el paradigma del transporte público en Colombia cambió y que el Estado no puede seguir haciéndose el de vista gorda. Es momento de expedir una regulación que involucre los intereses de todos los actores del tema, incluyendo los que hoy son “ilegales”, para nivelar las cargas de una vez por todas.

Como contó un análisis publicado en El Espectador, los taxistas, antes una fuerza todopoderosa que paralizaba la ciudad a su antojo y ejercía una presión abrumadora sobre sus líderes políticos, han perdido bastante su poder de convocatoria. De los casi 100.000 taxistas registrados en la ciudad, quienes convocaron el paro esperaban por lo menos 18.000. El resultado fue muy distinto: apenas salieron unos 2.000.

Eso es una buena señal, porque evidencia que los incentivos para la terquedad se van evaporando. Recién llegaron las plataformas al país hace unos seis años, la reacción del gremio de taxistas fue cerrar la puerta a cualquier negociación y utilizar su poder desmedido para influenciar la regulación nacional sobre el tema. Eso causó atrasos innecesarios que, en últimas, terminaron afectando a los mismos taxistas. Que ya no cuenten con esa capacidad de influir sin tener que escuchar a la contraparte abre la posibilidad de que, ahora sí, tengamos una normativa que responda a las realidades del transporte en el país.

Sin embargo, también es muy diciente que el desespero en los taxistas los haya llevado, a varios de ellos, a las vías de hecho durante la protesta. En Tunjuelito, en Bogotá, por ejemplo, se vieron ataques a otros compañeros que no estaban acatando el llamado a parar, rompieron vidrios, bajaron pasajeros, pincharon las llantas de un SITP y aplicaron el plan tortuga sobre tres de los cuatros carriles de la NQS. Se trata de un comportamiento, a todas luces, inaceptable, pero que refleja un problema de fondo que está por resolverse.

Los taxistas no están compitiendo en igualdad de condiciones con todas las aplicaciones de transporte que operan en la sombra de la regulación. Ningún conductor de Uber, Cabify, Picap y todas las demás debe cumplir con los 14 requisitos que los vehículos amarillos sí necesitan para poder operar. Según cálculos, eso representa unos gastos de $8 millones al mes de diferencia. A todas luces, es una situación injusta.

Con todo, la respuesta no es la prohibición. Es momento de abrir las negociaciones de nuevo y convocar a las plataformas y al gremio de taxistas. Deben definirse una serie de reglas que nivelen las cargas y, además, garanticen los derechos laborales de los “socios conductores”, como llaman a quienes utilizan las aplicaciones, y de los mismos conductores de taxi.

Para culminar con la evolución tecnológica, hay que incluir a los taxistas en las conversaciones con las plataformas digitales. Ya el día a día de los ciudadanos cambió y luchar contra esa evolución es inútil. Es momento de que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC se actualicen también. ¿De dónde vendrá el liderazgo político para impulsar las nuevas normas?

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