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Los planes del papa Francisco para cambiar la Iglesia desde adentro y reconocer la violencia sexual que muchos sacerdotes han cometido acaban de dar un paso adelante contundente. Por primera vez en la historia moderna de la Iglesia católica, dos sacerdotes están siendo juzgados ante el Tribunal del Vaticano por, según un testigo, haber cometido y encubierto múltiples violaciones a un menor de edad dentro de la Ciudad del Vaticano. Es un cambio notable para una institución que solía preferir dejar todo en silencio sin darles la cara a las víctimas y a la sociedad. La reforma debe seguir aplicándose, en Colombia y en todo el mundo, si la Iglesia católica quiere recuperar la confianza que ha perdido ante las personas.
El caso lo dio a conocer en 2017 Gianluigi Nuzzi, al publicar un libro llamado Pecado original. En él, Kamil Tadeusz Jarzembowski, seminarista que residía en el Vaticano, habló sobre “los abusos en su habitación a otro seminarista, más de 140 veces y de los que él era testigo, por parte de un pupilo del rector que era mayor que él y que después se convirtió en sacerdote”, según reporta EFE. Lo frustrante es que a Jarzembowski lo expulsaron por sus denuncias, una de tantas prácticas que el papa Francisco ha prometido cambiar.
El proceso involucra a Gabriele Martinelli, por los abusos sexuales, y a Enrico Radice, quien era el rector del centro y, al parecer, ayudó a encubrirlos dado que sabía y no dijo nada. Si suena familiar es porque lo es. Ese ha sido el modus operandi en demasiadas parroquias regadas por el mundo, donde los abusos descubiertos y denunciados ante las autoridades eclesiásticas aterrizan en oídos sordos. También ha sido infame la práctica de trasladar a sacerdotes, eliminando así la posibilidad de que sean llevados a juicio y las víctimas obtengan justicia, reparación y verdad.
En julio del año pasado, el papa Francisco hizo una serie de modificaciones que permitirían procesar con más velocidad las denuncias contra sacerdotes. Después de una cumbre con las víctimas, convocada cuando, en su paso por Chile, fue rechazado por los ciudadanos debido a los escándalos en ese país con las cabezas de la Iglesia, el Vaticano ha prometido que hará todo lo posible a su disposición para purgar sus filas y dejar el secretismo.
Se trata de una agenda que hemos apoyado desde el principio. Las relaciones de poder de las que se han aprovechado los abusadores gracias a sus roles en la Iglesia son invasivas. En muchos lugares, especialmente llenos de pobreza y falta de oportunidades, a menudo las iglesias son el único espacio de cuidado y convivencia para los niños, niñas y jóvenes. Las personas confían en los sacerdotes porque vienen autorizados por el Vaticano. Y es ahí cuando surgen los crímenes.
En Colombia todavía estamos pendientes de varios procesos andantes, en los que miembros de la Iglesia han hecho lo posible por truncar las investigaciones o que se hagan públicas. En un fallo de marzo de este año, la Corte Constitucional obligó a la Arquidiócesis de Medellín a entregar información sobre sacerdotes que han sido denunciados. Esto, gracias a la insistencia de Juan Pablo Barrientos y su trabajo periodístico. Pero el proceso sigue siendo complicado.
Entre más pronto haya justicia y transparencia, más rápido podrá la Iglesia convencer a las víctimas de su compromiso con ellas. Es lo justo.
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