Empleados públicos

Dos meses han durado quietos los juzgados del país (sobre todo en Bogotá) por cuenta del paro que adelanta Asonal Judicial: la estrategia de cesar actividades mientras se exigen reclamos.

El Espectador
17 de diciembre de 2014 - 03:00 a. m.

Dentro de la lógica de un manifestante, esa debe ser la última estrategia: una desesperada medida para que el Estado le ponga atención. Atiende a un derecho básico la protesta.

Sin embargo, este cese de actividades adquiere otros tintes cuando ya es tanto tiempo en el que a la ciudadanía (el elemento más importante de la ecuación) se le niega un derecho también: Rama Judicial paralizada implica procesos sin cumplirse. Con lo lenta que es la justicia en este país, para que la sociedad tenga que aguantar, además, una lentitud deliberada.

La pelea es por reclamos bastante sencillos de entender: un acuerdo final sobre el pedido de la bonificación como factor salarial, el punto que falta por conciliar con el Gobierno Nacional. Algunos culpan al Ministerio de Hacienda. Otros al Ministerio de Justicia. El punto es que no ha habido un punto de inflexión que permita la satisfacción de todos los actores: la ciudadanía, claro, paga los platos rotos.

El día de ayer, a las malas, la Fuerza Pública ingresó al complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, irrumpiendo para que aquellos jueces que quieren volver presten el servicio: 50% de los juzgados abrieron sus despachos. Al parecer, entonces, existe una desconexión entre los pedidos del sindicato y los jueces, que ya consideran suficiente esta pausa de dos meses. ¿Será? Tiene mucho que ver también con que estamos a unos días de que opere la vacancia judicial: el temor de que no les paguen sus salarios por el cese de actividades puede ser el factor que más debemos tener en cuenta en estos momentos. ¿O no ha sido así en el pasado? ¿No han esperado los jueces a regresar del paro antes de parar actividades por ley y cobrar sus salarios?

Dos problemas se evidencian de toda esta gama de noticias. El primero, claro, es el sector administrativo de la rama: ese desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura cuya existencia estuvo en la cuerda floja cuando el gobierno de Juan Manuel Santos quiso eliminarlo con una reforma constitucional. ¿Dónde está su interlocución? ¿Dónde está la legitimidad que tiene para proponer con mediano éxito una mesa de negociación? ¿Dónde está la capacidad para imponer sanciones que piden quienes piensan que cesar actividades ya se volvió un atentado contra la sociedad toda? Pues no está. No se siente su larga sombra en todo este problema. Y no se sintió (salvo en la prórroga de los contratos de descongestión) ya que, una vez los funcionarios entren en vacaciones, el debate se trasladará a otra parte.

Está el lado financiero: eso que ayer reiteró (y ya lo ha hecho hasta la saciedad) el presidente de Asonal Judicial, tan solo una de las expresiones del movimiento, Freddy Antonio Machado, que la bonificación sea factor salarial, atendiendo, dice, a la ley laboral colombiana. ¿Que por qué no lo hacen? Dice el señor Machado que porque eso sentaría un precedente para que otras entidades pidan lo mismo. Cosa que el Gobierno se niega a pagar porque, según lo que sabemos de sus declaraciones, no le alcanza la plata del bolsillo.

Lo que no se han dado cuenta quienes protestan es que ellos son funcionarios públicos: con derechos, sí, con posibilidad de protestar, también. Pero en medio de todo este torbellino ya han pasado dos meses sin que haya actividades: los procesos de la gente. Así que es hora de abrir el cuaderno de objetivos del año nuevo con una conciliación a la mano. Sin justicia efectiva no hay Estado social de derecho que valga: sobretodo cuando hay gente que sí quiere trabajar.

Por El Espectador

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