:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ZutRp1BHYRatWEurZ5ShP8DwRzM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/NIQNKWY6LJH3ZEYJPPDGHAF6ZU.jpg)
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le acaba de llamar fuertemente la atención al Tribunal Superior de Bogotá. Es una excelente decisión. Los magistrados que decidieron condenar a Vicky Dávila y a la FM de RCN mostraron más interés por dar clases de cómo hacer periodismo que por estudiar la importancia de la libertad de expresión y de prensa. Lo propio dijo la CSJ, que concedió a Dávila y a RCN una tutela donde echa para atrás la condena en su contra, regaña con vehemencia a los magistrados del Tribunal y establece que en Colombia todavía se respeta el ejercicio periodístico.
La sentencia del Tribunal era muy dañina, no solo para Dávila y RCN, sino para cualquier persona que comprende cómo funciona el periodismo y la importancia que su ejercicio libre tiene para la democracia y nuestro Estado social de derecho. En una decisión cargada de juicios de valor que no les corresponde expresar a los jueces de la república, el Tribunal había ordenado indemnizar al coronel Jorge Hilario Estupiñán Carvajal. El supuesto motivo es que Dávila, desde su tribuna en FM, publicó un audio que parecía relacionar a Estupiñán con un caso de corrupción y, utilizando su libertad de expresión, exigió respuestas. Eso es lo que debe hacer un periodista, pero los magistrados consideraron que se trató de una extralimitación y que es tal el poder de Dávila que obligó a la Policía a retirar al coronel de su cargo. Si suena a una lógica extraña es porque lo es.
El Tribunal llegó a tal punto que, en su sentencia, escribió que Dávila “presionó, increpó, exhortó a la entidad investigadora del aquí demandante, no solo para que lo apartara del cargo inmediatamente, sino que además prejuzgó su conducta tildándolo de corrupto”. Para los magistrados, eso no es periodismo. Es decir, su intención era convertir en jurisprudencia la fiscalización del tono de una periodista que tenía suficientes motivos para expresarse de esa manera.
Por fortuna, la CSJ ha evitado que la sentencia del Tribunal siga en vigencia. Fallando una tutela, la Corte dijo que “no resulta admisible calificar la conducta de un periodista a partir de la forma en la que expresó su opinión, por muy vehemente, incisiva o mordaz que haya sido”. Además, les recordó a los magistrados del Tribunal que debieron ponderar los derechos a la libre expresión y opinión, en el marco de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y los compromisos adquiridos por Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Les dio veinte días para volver a expedir una sentencia que entienda esto y proteja a Dávila y a RCN.
En los últimos años, hemos advertido con preocupación una creciente hostilidad por parte de los jueces colombianos hacia el ejercicio de la libertad de expresión. El caso de Dávila se había convertido en un precedente peligroso que, entre otras cosas, afecta el ejercicio periodístico, tan necesario en Colombia. Si quienes nos atrevemos a investigar y divulgar denuncias tenemos que andar con una espada de Damocles judicial encima, siempre en riesgo de ser amordazados y sancionados, ¿quién va a querer realizar esa labor? Por supuesto, eso no nos exime del hecho de que debemos ejercer nuestro oficio de forma responsable y ética, pero la libertad de expresión debe ser lo más amplia posible. El periodismo investigativo y crítico navega en un mar de incertidumbres e indicios. Ante eso, jueces que quieren aplicar ideas anticuadas de “objetividad” hacen mucho daño. Celebramos esta decisión de la CSJ, no solo por Dávila y RCN, sino por todos los periodistas del país.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.