Es hora de regular Rappi, Uber y similares

Si hay tantos colombianos cuya subsistencia depende de esos trabajos, la pregunta por la protección legal que merecen no es vacía ni puede simplemente dejarse a un lado con maromas retóricas. / Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador

Colombia necesita una regulación moderna, flexible y útil para las condiciones laborales de las personas que trabajen con aplicaciones tecnológicas como Rappi, Uber y demás. Aunque el discurso de los dueños de esas plataformas sigue siendo esquivo a la necesidad de reconocer su responsabilidad como creadores de empleos, la normativa debe encontrar el balance justo entre promover los emprendimientos digitales y proteger a los ciudadanos. Son demasiados los abusos que se están presenciando como para que el Congreso y el Gobierno no hagan nada.

Hay una clara desconexión entre la realidad y las palabras empleadas por los dueños de las plataformas digitales. Las empresas tipo Uber se refieren a sus conductores como “socios”, lo que en la práctica pretende marcar una distancia de reconocer derechos básicos que garanticen la dignidad de ese empleo. En entrevista reciente con Portafolio, Alejandro Galvis, de Rappi, dijo que su empresa “funciona como un conector, que une a dos tipos de usuarios y, en ese orden de ideas, Rappi no funciona como un empleador ni como un generador de la demanda”. Eso, en la práctica, sugiere Galvis, hace que sea ilógico exigirles el pago de “seguridad social a esos empleados”.

Los “usuarios” cuentan una historia distinta. La evolución que han traído las plataformas tecnológicas no se trata de “ganancias ocasionales”, sino de incentivos para dedicarse, durante horas y horas y en condiciones complicadas, a cumplir la labor mediante la cual esas aplicaciones se han vuelto famosas y lo que les permite obtener ingresos. Las barreras de acceso a una aplicación, que incluyen cumplir una serie de requisitos e incluso usar los signos distintivos de las marcas, demuestran que no se trata de una relación cualquiera.

Si hay tantos colombianos cuya subsistencia depende de esos trabajos, la pregunta por la protección legal que merecen no es vacía ni puede simplemente dejarse a un lado con maromas retóricas.

Por fortuna, el Gobierno parece entender esa situación. Hace poco, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, dijo que “en la parte laboral, en Colombia no están reglamentadas este tipo de plataformas. Sin embargo, los contratos que ellos firman con sus trabajadores son legales, pero nosotros hemos extendido un llamado a los empresarios para que revisen la calidad y las condiciones de sus trabajadores”.

De pronto la solución es la propuesta de crear contratos flexibles que permitan el trabajo por horas. Sin duda, en el proceso de elaboración de la normativa se deben incluir las voces de los emprendedores, pero su punto de partida no puede ser su inamovible idea de que no tienen por qué preocuparse por las personas que cumplen las promesas de servicio que hacen sus aplicaciones.

El bienestar de los emprendimientos pasa, de manera ineludible, por el bienestar de las personas que trabajan para ellos. Es momento de expedir una regulación justa.

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