Es un imperativo moral aprobar la JEP

La labor de la JEP es un mandato de nuestra Carta Política que debe respetarse sin importar cómo estén representadas las fuerzas en el Legislativo y el Ejecutivo. / Foto: Gustavo Torrijos - El Espectador

Un día después de ser elegido presidente de la República, Iván Duque le solicitó al Congreso de la República congelar el trámite de la necesaria reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si bien sus observaciones deben ser tenidas en cuenta, los parlamentarios les fallarían al país y a sus funciones si no responden a la urgencia que representa este proyecto.

El Centro Democrático, encabezado por el todavía senador Duque, ha dicho en varias ocasiones que tiene reparos a la reglamentación de la JEP. Sin duda, en reconocimiento de los resultados del domingo, y teniendo en cuenta cómo va a estar conformado el próximo Congreso, el presidente electo está en todo el derecho de enviar señales sobre cuáles son los artículos que le parecen problemáticos. Después de todo, será su gobierno el que deberá supervisar la implementación de la justicia transicional.

No obstante lo anterior, posponer la aprobación de la implementación hasta la siguiente legislatura, además de un error, sería un incumplimiento del mandato constitucional que tiene el actual Congreso, aún en funciones. A menos que la decisión sea sabotear por completo la JEP, lo que sería nefasto, los parlamentarios no tienen excusas para obstaculizar una reglamentación que venía aprobándose sin mayores contratiempos.

Lo dijo el senador de la U Armando Benedetti: “Ocho años defendiendo la paz y ahora le dan la espalda”. Esperamos que no sea así.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, argumentó que “no puede el país dilapidar una ocasión como esta, máxime cuando el proyecto ha venido avanzando de manera positiva y el país entero, las víctimas y la comunidad internacional reclaman la urgencia de las normas de procedimiento”.

Como lo mencionamos en el pasado en este espacio, el problema de la JEP es que se encuentra maniatada por la ausencia de un reglamento claro. Por eso se han presentado situaciones como la que involucró la solicitud de extradición de Jesús Santrich. Nos encontramos ante un tribunal listo para empezar a colaborar en la reconciliación del país, pero el Congreso no ha querido ayudar a su funcionamiento.

La Corte Constitucional ya avaló la creación de la JEP en su estudio del acto legislativo 01 del 2017. Su labor, entonces, es un mandato de nuestra Carta Política que debe respetarse sin importar cómo estén representadas las fuerzas en el Legislativo y el Ejecutivo.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo el lunes que “este es un proyecto que tiene mucha urgencia. La JEP tiene vida gracias a la Constitución y, si no hay un proyecto de ley de procedimiento, lo que va a ocurrir es que la JEP por la vía de la jurisprudencia va a seguir tomando decisiones procesales”. ¿Es eso lo que se busca con la suspensión de los debates?

Al cierre de esta edición estaba programada una discusión en el Congreso sobre el tema. Además, el ministro Rivera dijo que se convocarán sesiones extraordinarias de ser necesario. Apoyamos esa idea. El debate, congresistas, debe darse ahora. Es un imperativo moral, por el futuro del país, no sabotear la reglamentación de la JEP.

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