Los taxistas se ven cada vez más asfixiados. Mientras la oferta de plataformas tecnológicas se multiplica sin mayores controles, con la presencia en el país de apps como Uber, Cabify, Beat, Picap y DiDi, el gremio de los taxistas sigue hiperregulado. El problema lo resume muy bien Ernesto Sandoval, vocero de los taxistas ante Fenalco: “Ahora vigilan con mayor rigor temas como seguridad social, la tarjeta de control, que no se hagan rutas colectivas, piden exámenes psíquicos y pruebas de ruta, etc. Mientras tanto, llegan más plataformas y la nación debe tratar de regularlas o, por lo menos, que nos dejen competir en igualdad de condiciones”.
El problema es que, mientras para ser taxista se necesita cumplir con todos esos requisitos, no hay ningún tipo de regulación para las aplicaciones tecnológicas. Así es muy complicado que haya una competencia justa.
Una primera respuesta que se propuso en el país fue la prohibición de las plataformas. De hecho, de allí viene todo el conflicto que ha surgido desde entonces, pues muchos taxistas insisten en que se trata de un transporte ilegal. Lo dijimos en su momento y lo repetimos ahora: esa no es la manera de enfrentar el cambio de coyuntura que causó la entrada de las nuevas tecnologías.
Por fortuna, el discurso desde los taxistas parece estar cambiando. El problema es que las autoridades han mantenido una dañina ambivalencia en este tema. Como explicó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, “el Gobierno debería ser claro, porque el sector transporte dice que es prohibido que los carros particulares se usen para prestar un servicio de transporte público, pero el sector TIC dice que la creación de aplicaciones es positiva. Nos ponen en una situación muy difícil, porque no tenemos las herramientas para controlar y ellos tampoco legalizan la situación”.
La administración de Iván Duque, con su cercanía al tema de la economía naranja y el valor de las nuevas tecnologías en una sociedad, debería liderar un esfuerzo regulatorio que resuelva la situación de una vez por todas.
Valdría la pena, por ejemplo, imponer ciertos requisitos a las plataformas y a sus conductores que garanticen mejores prácticas de seguridad y de respeto de los derechos laborales. Actualmente los “socios conductores” no cuentan con protecciones que harían más digno su trabajo. También es importante garantizar que los taxis puedan competir con todos estos nuevos servicios en igualdad de condiciones.
Es urgente una regulación que le sirva al país y lo ayude a enfrentar la nueva realidad del transporte. ¿Estará el Gobierno dispuesto a liderar un proceso que termine en nuevas normas?
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