Excepciones en La Haya

Dado que el tema envuelve consideraciones jurídicas de profundo calado, los argumentos presentados por el equipo colombiano parecen tener suficiente sustento.

Esta vez los argumentos de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia parecen lo suficientemente sólidos como para desestimar las pretensiones de Nicaragua, pero la incertidumbre reinará hasta que no haya una decisión.

El próximo 17 de marzo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) deberá decidir si acepta o no los argumentos expuestos por Colombia sobre su no competencia para considerar dos nuevas demandas interpuestas por Nicaragua en el año 2013. Aunque no se va a tratar el fondo del asunto, lo que sus jueces digan tendrá implicaciones directas en lo interno y en lo internacional. Mientras tanto, aquí resuenan voces discordantes que quieren utilizar políticamente un tema que amerita unidad y política de Estado.

Todo asunto jurídico que envuelve aspectos como la soberanía de los Estados sobre parte de su territorio es de por sí complejo. De ahí que cuando Nicaragua decidió llevar ante la CIJ otros dos contenciosos, luego del controvertido fallo de 2012, las aguas se volvieron a agitar. Managua alega una supuesta violación de sus derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe al desconocer Colombia el último fallo de la Corte. Pero, no contentos con esta petición, reclaman además una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas. De este modo, el gobierno de Daniel Ortega aumenta sus pretensiones territoriales de manera desmedida. Y no sólo frente a Colombia, pues Costa Rica, Panamá y Jamaica se sumaron al denunciar ante la ONU la actitud de Nicaragua.

El presidente Juan Manuel Santos encargó la defensa del país a Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda, quienes estructuraron una estrategia junto con un grupo de asesores internacionales de alto nivel y un equipo especializado dentro de la Cancillería. Como sucede en todo litigio, la parte demandada tiene la posibilidad de decirle al alto tribunal si considera que el mismo es o no competente para adelantar el proceso antes de que se inicie formalmente. Colombia presentó así el año anterior unas “excepciones preliminares” argumentando que la CIJ carece de competencia.

¿Por qué? Para que Managua pudiera acudir nuevamente ante el máximo tribunal necesitaría que el Pacto de Bogotá estuviera vigente para Colombia. El argumento central, como lo ha expresado la canciller María Ángela Holguín, es que, dado que Colombia denunció —se retiró— del pacto el 27 de noviembre de 2012, no tenía entonces ninguna validez el que Nicaragua hubiera acudido en dos oportunidades ante la CIJ en 2013. Los jueces deberán decidir entonces si, de acuerdo con el artículo 56, inciso segundo del pacto, la denuncia produce efectos inmediatos o no. Dado que el tema envuelve consideraciones jurídicas de profundo calado, los argumentos presentados por el equipo colombiano parecen tener suficiente sustento.

Nicaragua, temerosa de que su argumentación no fuera suficiente, se sacó del cubilete una curiosa tesis según la cual la Corte tiene una “competencia continuada” tras el fallo de 2012, desconociendo así el principio de cosa juzgada. También existe otra serie de consideraciones jurídicas que son las que están en juego en este momento para que los jueces se pronuncien. Podrían hacerlo de varias maneras. Aceptar o rechazar las excepciones preliminares para ambos casos. Aceptar en uno y rechazarlas en el otro. O no pronunciarse ahora y seguir con el curso del proceso para decidir más adelante si es competente o no. De ahí la incertidumbre.

A diferencia de lo que sucede en otros países que viven situaciones similares, donde la estrategia adoptada se hace sobre la base de la unidad nacional, en Colombia las pasiones políticas producen el efecto contrario. El senador Álvaro Uribe Vélez expresó que el Gobierno “se debía anticipar y decir que no puede aceptar competencia alguna de la Corte, que lo único que se acepta es el meridiano 82 como límite integral”. Grave error el desconocer las decisiones de un tribunal internacional y poner al Gobierno contra la pared utilizando de manera populista aspectos tan sensibles como la soberanía en el Caribe.

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