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Los falsos testimonios se han convertido en uno de los principales obstáculos de la justicia colombiana, especialmente en los procesos que involucran a los más poderosos del país con casos ya sea de corrupción o de lazos con grupos armados al margen de la ley. Lastimosamente, en varias ocasiones tanto la Fiscalía como los jueces de la República han caído en el juego de convertir los procesos judiciales en disputas entre testigos y declaraciones incendiarias, lo que a la larga termina siendo perjudicial para los acusados, la justicia y Colombia en general. Ahora que estamos ante una nueva ola de casos tensionantes con implicaciones severas para el poder político y económico en el país, es necesario pedir que los testimonios no sean el único medio de prueba sobre el que se construyan las sentencias y que se intente reducir el tráfico de acusaciones a través de los micrófonos de los medios de comunicación.
El lunes pasado, Andrés de Jesús Vélez, exparamilitar condenado por lavado de activos y por estafa y convertido en testigo de dudosa credibilidad en muchos y muy diversos procesos, hizo varias denuncias en W Radio. La más escandalosa fue que exfuncionarios de la Fiscalía supuestamente le pidieron mentir contra la excontralora Sandra Morelli en el proceso que la vinculaba con el empresario Alberto Aroch, una de las investigaciones más difíciles y tensionantes cuando el fiscal general era Eduardo Montealegre. No sobra agregar que contra Vélez hay varias denuncias de falsos testimonios, en procesos tan importantes como el adelantado contra la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez o el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.
Angustia ver cómo en el país crece la desconfianza con la justicia por la abundancia de este tipo de testigos. Eso surge, por supuesto, de la mala fe, pero también ha sido facilitado por unas autoridades colombianas cuyos procesos investigativos no arrojan materiales probatorios contundentes más allá de los testimonios. Cuando los procesos se construyen alrededor de la idea de los “testigos estrella”, los cuales se fomentan con generosos beneficios judiciales, abundan entonces los incentivos para mentir, engrandecer las colaboraciones y, por ende, entorpecer los debidos procesos en casos tan complicados.
Ayer, la Fiscalía anunció que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno empezó a colaborar con la justicia para dar cuenta de todos los actos de corrupción en los que participó cuando era abogado litigante. Ese es un testimonio sin duda necesario: el país necesita conocer hasta dónde llegaron los tentáculos corruptos gracias a que Moreno logró posicionarse como un referente en procesos de alto nivel. Y cierto es que nadie sabe más de los casos que los más bandidos. Con todo, en lo que rodea a ese caso también estamos viendo una preocupante pugna de versiones. El congresista Musa Besaile se declara víctima de extorsión y acusa a varios exmagistrados y a Moreno, y Colombia se queda sin saber bien a quién creerle y qué fue exactamente lo que pasó.
Además, más allá del interés colectivo de conocer la verdad y desenmascarar a todos los involucrados, estas dinámicas también son propicias para que paguen justos por pecadores; son ya varios los casos de funcionarios colombianos cuyas vidas han pasado por el infierno de procesos largos e injustos por culpa de testimonios que resultaron no ser ciertos o estar inflados. En el afán de mostrar resultados mediáticos y darle al país la sensación de que se está combatiendo el crimen, muchas investigaciones pierden la prudencia necesaria y les dan mucho peso a ciertas pruebas que deberían tratarse con escepticismo. Sí, es muy difícil encontrar material probatorio en casos tan escondidos y ninguna declaración debe dejarse de investigar, pero es la responsabilidad de las autoridades valorar esos testimonios a fondo antes de sacar o inducir conclusiones sin suficiente sustento. La historia contemporánea de la justicia en el país no puede construirse a partir de las voces de falsos testigos.
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