Después de haber revelado (por medio de las filtraciones que hizo el exagente de la CIA Edward Snowden) que Estados Unidos le tendía un ojo al mundo con una red compleja de espionaje, las autoridades británicas presionaron al diario para que detuviera estos reportajes.
Pero fueron mucho más lejos. Alan Rusbridger, director del Guardian, aseguró que una vez publicadas las primeras notas recibió una llamada de un muy alto funcionario británico (un mensajero del Gobierno, mejor) que le comunicó la intención del primer ministro: que se devolviera o destruyera el material filtrado por el exanalista estadounidense. Y pues no. La prensa tenía que seguir su curso libre y seguir contándole al mundo de los abusos a la intimidad que Estados Unidos perpetraba contra los ciudadanos, ya ni siquiera de su territorio, sino de varios lugares de la Tierra.
Ante la negativa, la fuerza: cuenta Rusbridger que unos agentes de la agencia de espionaje británica, conocida como GCHQ, fueron a supervisar cómo se destruían los discos duros. Rusbridger, con ironía desesperada, dice que los agentes, al parecer, no saben de la tecnología de información en la nube, de las copias digitales que quedan en la red. Lo cierto es que “es uno de los momentos más extraños en la larga historia del Guardian”, como escribió en un artículo de opinión.
Pero es además un grave precedente contra la libertad de prensa. Una censura directa que el gobierno británico trata de esconder bajo el peregrino argumento de que no quiere que caiga la información, por ejemplo, en manos de agentes chinos. ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿Por qué cree el gobierno británico que ese argumento barato puede justificar semejante atropello?
Las filtraciones deben revelarse. Esa es tarea natural de la prensa. Por más que afecte a un gobierno de turno o genere malestar, o que tumbe una idea de la ciudadanía altamente defendida, el informe de la realidad es el que debe primar. Que esté prohibido en ciertos casos para funcionarios del Estado es otra cosa. Pero ya en manos de un periodista debe decirse.
Colombia no ha estado ajena a ese debate. Ni a esa tentación de corte autoritario. Sin ir más lejos, la última semana se ha querido insinuar que El Espectador traicionó a la patria por revelar apartes de la estrategia que viene discutiendo el Gobierno para enfrentar los logros jurídicos y las pretensiones expansionistas de Nicaragua en el Caribe, sin entender que el trabajo periodístico no pasa por hacerse el de la vista gorda frente a decisiones oficiales, y menos si son tan polémicas como la que reveló este periódico, sino por buscar y dar información.
Además de atar cabos, porque esa información que se ha querido presentar como traición era apenas deducible de pistas que en columnas de opinión iban dejando participantes en las discusiones, del anuncio de la próxima emisión de unos decretos, de declaraciones de la propia canciller Holguín sobre la defensa de la reserva Sea Flower y de algún par de comentarios desprevenidos más de funcionarios y asesores. Ayer, por ejemplo, el vicepresidente de la República fue bastante locuaz sobre el tema. Pistas que, por supuesto, hubo que relacionar con lo que diversas fuentes —que por supuesto no vamos a revelar, y lejos esté el día en que a un Gobierno se le permita obligarnos a hacerlo— nos fueron confirmando. Si el interés nacional estaba en juego, ¿por qué dejaron tantas pistas y no actuaron con mayor celeridad en la estrategia?
La prensa es libre. Sin ella no hay democracia. Una lástima tener que recordárselo a los gobiernos del mundo a estas alturas.