Por fin

Todo lo que tiene que ver con la judicialización del gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar —Kiko, le dicen— ha sido marcado por una lentitud apabullante: han pasado meses desde que se levantaron los primeros señalamientos en su contra.

Sus presuntas víctimas tuvieron que esperar largo rato para que el Estado actuara frente a este controversial mandatario, a quien le temen, pero que hoy está preso a prevención por supuestamente haber matado a sus rivales electorales, tener nexos con grupos al margen de la ley, entre otros.

Y también el país esperó este fin de semana, cuando, finalmente, se profirió la orden de captura: unos agentes del CTI fueron echados a patadas por el cuerpo de seguridad del mandatario. ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Por qué se demoró horas en salir? ¿Cómo es que miembros del Estado mismo se les van encima, a la brava, a representantes de la justicia? El vicefiscal general, Jorge Perdomo, tuvo que comunicarse directamente con el director de la Policía para que el cuerpo oficial hiciera lo propio. ¿Qué pasa con la policía y el orden público de La Guajira que no pudieron contra un solo hombre?

No salió sino en la noche, cuando quiso. Y, como ya nos tienen acostumbrados los personajes controvertidos de este país, se sintió convenientemente enfermo y fue sacado a una clínica de Valledupar (desde Barracas) en ambulancia. Todo periodista o funcionario que se acercara al centro de salud, cuentan los testigos, fue agredido por los simpatizantes o los familiares de Kiko Gómez.

Sea culpable o no, su actitud es deplorable. Hacerle el quite de esta forma a la justicia y, peor, mandar a agredirla como se ha dicho, es un grave indicio de que algo no anda bien. Una muestra, además, de su condición ética. Y de la toma del Estado por parte de estos personajillos y sus organizaciones en muchos lugares del país. Su permanencia en la Gobernación, a la que llegó con el aval de su partido, Cambio Radical, que apenas ahora se lo ha retirado, es prueba clara de que tiene un poder mayor del que está dispuesto a aceptar. Por él, nada: “es un montaje, soy inocente”, dijo antes de montarse al avión.

Ya habrá un estrado judicial en el que se demuestren las cosas. Pero no podía una persona, con tremendas sospechas en contra, andar por ahí, en las narices del Estado, como si nada estuviera pasando. Como si no existieran testimonios e indicios que van desde su presunta relación con bandas paramilitares, hasta el contrabando de gasolina, todas estas razones suficientes para que haya acción de la justicia. Por ahora es inocente, sí. Y no queremos usar estas páginas para suplir la labor de la justicia. Pero qué indignación despierta que algo así suceda. Qué poco podemos callar frente a hechos de este estilo.

Ante la ausencia de una justicia pronta, se pararon de forma valiente unos periodistas y analistas  —que fueron amenazados en su vida—, quienes no sólo denunciaron sino que también se mantuvieron firmes exigiendo justicia: León Valencia, Claudia López, Ariel Ávila y Gonzalo Guillén. Según la inteligencia del mismo Estado, las amenazas tienen conexión con Kiko Gómez, a quien, como informaron la revista Semana y Verdad Abierta, le tienen miedo allá, en La Guajira. Tal vez por eso mismo es que la justicia se demoró tanto.

Nunca un mandatario regional había sido acusado de cosas tan graves. Pero bueno, por fin el país y las presuntas víctimas podrán saber la verdad. Ojalá, como no ha pasado, esto suceda pronto y ya no nos quedemos más con los brazos cruzados. Que la institucionalidad se sienta, porque se la están tomando los malvados.