Grabaciones incómodas

No se recupera el país de ver a la Dijín entrando al complejo judicial de Paloquemao en Bogotá para capturar a 11 funcionarios de la rama e investigarlos porque presuntamente crearon una mafia para cobrar por la suerte de ciertos procesos, cuando nos llega este fin de semana una nueva perla: Noticias Uno reveló unas grabaciones en las que se oye al magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el señor Henry Villarraga, hablando muy orondo con el coronel del Ejército Róbinson González del Río, investigado por la muerte de dos campesinos a los que hicieron pasar como guerrilleros en 2007.

¿Los temas? Nada menos que la posibilidad de que su caso pasara de la justicia ordinaria a la penal militar, como si nada. Además, según se insinúa en otra conversación del coronel, al parecer a cambio de dinero. Bajo estas premisas, entonces, no importaba tanto que se aprobara o se discutiera toda una reforma constitucional en el Congreso para ampliar el fuero militar: ya otras movidas por debajo de la mesa —acaso más efectivas— se estaban dando en paralelo. Al menos eso parece. Y hay más: se oye a Villarraga pidiendo que no quedara registro de sus entradas a guarniciones militares o que se programaran almuerzos con otros magistrados, como Angelino Lizcano, Pedro Alonso Sanabria, Julia Emma Garzón. Así, con nombre propio.

No puede ser cierta tanta infamia. ¿En manos de quiénes están nuestros derechos? ¿Qué pasa con la justicia de este país que solo tiene por aportarnos un escándalo tras otro? Ya no se trata solamente de la indignación que despierta la poca celeridad de los procesos más sencillos, sino que ahora, por cuenta de los distintos carruseles (de pensiones, de enroque de magistrados) y algunas otras malas noticias, la imagen de las altas cortes está también puesta en entredicho. Y en ellas confiábamos.

Ya ha saltado la Fiscalía General de la Nación en este último episodio en particular: solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ocuparse del caso e investigar al magistrado Villarraga. Lo cual, lamentamos decirlo, no es un parte de tranquilidad para nadie: ni para el país, que espera la verdad de lo sucedido —si un magistrado se reunió con un militar investigado y aceptó ayudarle por plata para que lo cambiaran a otra jurisdicción—, sino para el mismo magistrado, cuyo nombre está puesto en entredicho.

¿Mucho pesimismo? No lo creemos. Esta entidad del Congreso carece de credibilidad: Comisión de “Absoluciones”, le dicen los graciosos, no sin algo de razón. El historial de sus investigaciones a medias es amplio y variado. Con razón luce tan tranquilo el magistrado, tan dispuesto a acogerse a la justicia que su fuero le otorga.

De hecho, ya de allí ha salido inmune. Porque este no es el primer escándalo en el que es involucrado Villarraga. Él mismo se metió en una pelea con su colega María Mercedes López cuando ella denunció el escandaloso cartel de las pensiones exorbitantes en la rama judicial. Pero la comisión que hoy debe investigarlo se inhibió de abrir investigación a Villarraga y varios de sus colegas, a pesar de las pruebas.

Preguntamos, de nuevo, ¿qué es lo que pasa con la justicia de este país? ¿Es que acaso ya no podemos confiar en ella? Es obvio que sobre estos casos aún faltan aclaraciones, verdades comprobadas, decisiones que esclarezcan las dudas o que las comprueben. Pero un manto de duda muy grande se le ha tendido encima a esta rama del poder público. Un desprestigio más que amerita mirar los problemas de fondo con lupa.

 

 

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