¿Haremos trizas la institucionalidad?

La pregunta que los líderes políticos que se han opuesto al Acuerdo de paz entre el Gobierno y la Farc deben responder es la siguiente: ¿están dispuestos a “hacer trizas” la institucionalidad en su ambición por torpedear el proceso de reincorporación? La decisión más reciente de la Corte Constitucional necesariamente ubica el debate en esos términos, pues lo pactado deberá entenderse como una política de Estado durante un mínimo de 12 años.

En una decisión contundente, no solo por su raciocinio sino por ser unánime, la Corte Constitucional dijo que el blindaje jurídico del Acuerdo de La Habana, aprobado por el Congreso, se ajusta a la Carta Política y, por ende, los próximos tres gobiernos deberán respetar lo que se pactó entre el Gobierno y las Farc.

“La Corte determinó que la incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución”, explicó al alto tribunal a través de un comunicado de prensa. Eso quiere decir que, además de su adopción como una política de Estado que limita el campo de acción de los futuros gobernantes en sus intenciones de modificarlo, debe ser un punto de referencia de interpretación para todas las instituciones del Estado.

Antes de evaluar las ramificaciones políticas, es útil abstraerse de la polarización que ha caracterizado este tema. Si se entiende que el Gobierno actuó como representante legítimo del Estado, su compromiso en el Acuerdo de paz es una política que debe cumplirse, sin importar quién ocupe la Presidencia. La refrendación a través por el Congreso, otro órgano elegido de manera legítima, respalda este punto. El país hizo una promesa que tiene que cumplir, más allá de que haya muchas críticas y dudas válidas sobre la implementación. En ese sentido, lo que hizo la Corte Constitucional fue reiterar que la palabra del Estado colombiano tiene validez y es vinculante.

Además, los opositores deberían reconocer que han tenido todos los espacios, dentro de la institucionalidad, para expresar sus argumentos. La misma Corte Constitucional ha sido un espacio donde han prosperado críticas planteadas, entre otros, por el senador Iván Duque, del Centro Democrático. El hecho de que jueces con diversos trasfondos ideológicos hayan tomado una decisión unánime no puede endilgarse a presión del Gobierno, sino a que tienen razones de fondo para blindar el Acuerdo.

Por eso, la pregunta ahora es si los críticos, viendo limitada su posibilidad de hacer trizas lo pactado, van entonces a cuestionar toda la institucionalidad, sin tener en cuentas las consecuencias nefastas que vienen con esa posición. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, dijo que “el blindaje de los acuerdos de las Farc es un seguro de destrucción democrática”. Esa retórica agresiva les dice a todos sus muchos seguidores que en Colombia hay que tumbar lo construido y volver a empezar. No nos parece que sea una posición responsable con la realidad del país y con las necesidades de enfrentar las nuevas violencias que están surgiendo por la ausencia del Estado.

La Corte Constitucional le envía un mensaje al país: este Acuerdo, con todas sus fallas, cumple el espíritu de la Carta Política. Ahora depende de los ciudadanos, en las urnas y su vida diaria, seguir blindando lo pactado o apostándole a la incertidumbre de dudar de las instituciones del país.

 

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