¿Hasta cuándo, entonces?

Pocos políticos de este país han tenido el recorrido estrepitoso del exministro Andrés Felipe Arias. De un impresionante despliegue en la academia como economista y luego un ingreso bastante joven al Ministerio de Agricultura —siendo, además, en su momento, ministro estrella—, pasó a ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación, que lo inhabilitó durante 16 años para ejercer cargos públicos, y posteriormente fue detenido preventivamente por la Fiscalía. Todo en un tiempo bastante corto.

Arias fue, recordemos, la cabeza visible del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), una política que, pensada para promover la igualdad y la competitividad en el campo ante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, recién firmado en el momento de su promulgación, terminó por darles miles de millones de pesos a familias ricas y grandes terratenientes que utilizaron fraccionamientos y otras maniobras ilegales para obtener mayores beneficios. Es apenas natural que la justicia sospechara del exministro, quien gracias a su paso por el ministerio entró luego en la política electoral. Por supuesto que había que tomar ciertas precauciones a la hora de juzgarlo e investigarlo. Imponer una medida de aseguramiento, de acuerdo con la ley, tiene sentido cuando se da una de tres causales. La del exministro, al parecer, era que pudiera obstruir el proceso de alguna forma: hablando con testigos, pidiendo favores, moviendo fichas.

Sí, pero eso fue hace casi dos años. Algo deberíamos saber de su proceso, aparte de que seguirá privado de la libertad (indefinidamente, al parecer), como lo confirmó hace dos días el Tribunal Superior de Bogotá, haciendo caso omiso a los ruegos justificados de Arias. A estas alturas, el país ya debería saber si el exministro fue culpable o no del desfalco que se presentó con su programa.

Pero no se trata solamente del reclamo de la ciudadanía, ni de la responsabilidad de un exministro representante de una corriente ideológica particular, sino es también el drama de un hombre y su familia. Lo peor es que Arias es apenas el más representativo de los miles de sindicados que se encuentran tras las rejas a la espera de un juicio, de que se les defina su situación jurídica de una vez por todas. Lo único que sabemos del caso AIS es lo que el magistrado Hermes Lara dijo: Arias podría obstruir la labor de la justicia, teniendo en cuenta que la Fiscalía aún tiene que conocer la versión de 14 testigos. Nada despreciable el número. Pero, nos preguntamos, ¿por qué no lo hicieron en un año y medio? ¿Cuánto tiempo más se demorarán en armar el paquete probatorio para llevar al exministro a juicio? ¿Por qué, sin haber sido condenado, debe seguir pagando por la ineficiencia de la justicia?

Arias, señalado por algunos —que de antemano lo consideran culpable— de ser un “preso de lujo”, está recluido en la Escuela de Caballería de Usaquén en condiciones mejores a las de la mayoría de detenidos en similar situación. Pero ahí está, preso, sin que se sepa de fondo nada sobre su proceso. La situación del exministro resalta una realidad endémica en el terreno de las investigaciones penales y las decisiones judiciales en Colombia. Harto debe hacerse para que el sistema encuentre un cauce mucho más eficiente: repensando la figura (al menos en su aplicación) de la detención preventiva, encontrando las trabas de los procesos, solucionando los casos extravagantes de personas que llevan mucho tiempo en la cárcel, entre otras problemáticas.

¿Hasta cuándo, entonces?, le preguntamos a la justicia colombiana, que no puede ir diciendo de buenas a primeras que un año y medio no han sido suficientes para hacer preguntas a un puñado de testigos. Nos agrade Arias o no, y sin saber todavía si es culpable, su caso debería ir ceñido a la celeridad que inspira el derecho procesal de este país. No es pedir mucho, tampoco.