Que haya arreglo

Una gran disputa se ha gestado entre los concesionarios de televisión abierta y los cableoperadores: la señal de aquellos, cuya recepción en los hogares estos están obligados a garantizar, está en juego por un álgido contrapunteo que ha llegado hoy a instancias judiciales y administrativas.

 Unas y otras, por demás, emitiendo decisiones que chocan en la práctica y resultan contradictorias en medio de esta riña.

¿Qué ocurrió? Desde febrero de este año los canales privados argumentaron que no estaban recibiendo compensación alguna por la transmisión de su señal en high definition (HD, alta definición), que los operadores cobran al usuario como un servicio extra. Por esto, decidieron cambiar las reglas del juego y ampararse en una regulación internacional que es vinculante para el país: la Decisión Andina 351, que los avala para decidir quién y cómo difunde sus señales. Los operadores, por el contrario, echaron mano de una regla interna: la llamada must carry, que dicta garantizar el acceso a la señal (sin distinción de calidad) y su transmisión de forma gratuita. Regla que, obvio, fue diseñada cuando no existía este tipo de televisión.

Ahora ha llegado la batalla jurídica. La Superintendencia de Industria y Comercio dictó esta semana medidas cautelares a los canales y declaró ilegal la retransmisión de sus señales sin contar con su autorización. A la par salió la Autoridad Nacional de Televisión a decirle a la SIC que suspenda dichas medidas, ya que a su juicio rompen el derecho a la información que tienen los usuarios. Difícil. Sobre todo porque la entidad de parte y parte es distinta: mientras las decisiones de la SIC son judiciales, las de la ANTV son de índole administrativo.

Y más: la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia al ministro de las TIC, al superintendente, a la ANTV y demás entidades encargadas del sector, argumentando que no transmitir las señales de alta definición de los canales privados “podría afectar no solamente el derecho constitucional de acceso gratuito a la información, sino que también podría tener incidencia fiscal por los recursos públicos invertidos en la infraestructura de la red de televisión abierta, nacional, regional y local”. La Defensoría del Pueblo, a su vez, abogó por el acceso libre al Mundial de Fútbol, que es el tema de fondo que hoy más alimenta la disputa.

Conscientes de la importancia de transmitirlo, los canales ofrecieron mantener sus señales de forma gratuita hasta el último trimestre de este año. Pero los cableoperadores, a través de un comunicado, anunciaron que procederían a retirar de sus servicios las señales, análoga y de HD, de Caracol y RCN, agregando que los requerimientos exigidos “no pueden ser aceptados”.

Tremendo embrollo. Posiciones divergentes, que por momentos olvidan al más importante de toda esta cadena: el usuario, quien tiene derecho al acceso gratuito a la televisión abierta. Es mejor que ambas partes se serenen y acuerden unos mínimos para poder coexistir y beneficiarse mutuamente y al usuario. Y que las reglas se adapten a la realidad que hoy manda en la televisión. Los canales necesitan de los cableoperadores, pues un 75% de los colombianos hoy ve la televisión a través de estos que, a su vez, ofrecen y cobran al usuario por una buena cantidad de canales por cuyo contenido e inversiones para mejorarlo no pagan. No parecería un punto muerto. Las autoridades, mientras tanto, deben ceñirse a la ley, sí, pero pensando en el usuario.