Que haya orden

Una gran polémica ha desatado el tema de los funcionarios y otros personajes que viajan a La Habana, en supuesto plan de “turismo”, pero con el interés particular de participar —directa o indirectamente— en las conversaciones que se hacen allá entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

El procurador Alejandro Ordóñez, catalogado por las mismas Farc como un enemigo público de la paz, dice que se limita a hacer su oficio cuando investiga dichas visitas: quiere saber quiénes son esos funcionarios, a qué van, de qué hablan. Piensa él que sin el permiso del presidente de la República estarían cometiendo un delito.

No así el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien salió a decir exactamente lo contrario: “No es un delito acudir a La Habana sin permiso del presidente de la República”. Así estamos, dos pesos pesados del Estado y las leyes de sanción no logran ponerse de acuerdo sobre un punto en particular. Y eso es preocupante. ¿Qué pasará, entonces, cuando se sepa quiénes han estado allá y lo que han hecho? Más allá de la discusión entre fiscal y procurador, que no logran ponerse de acuerdo en una sola cosa referente a este proceso de paz, llegó la hora de que haya uniformidad. Seguridad jurídica, que llaman los abogados.

Porque, no recordamos mal, por algo similar, pero con miembros de las Auc, es que la Corte Suprema de Justicia hace poco dictó medida de aseguramiento contra Luis Alfredo Ramos. Sabemos que se trata de dos procesos distintos, uno con las Farc y otro con las Auc, pero, ¿cómo explicar eso sin caer en tecnicismos extremos?

Entonces, ¿dónde está el rasero? ¿Cómo calificamos una conducta similar como algo enteramente distinto? Y está, también, el artículo 5 de la Ley 782 de 2002, que excluye de responsabilidad penal a quienes participen de los diálogos de paz. Siempre y cuando, claro está, tengan permiso del Gobierno Nacional, que es el que debe tener las riendas.

Todo esto, más allá de lo jurídico, que puede resolverse con un plumazo del Gobierno, se enmarca es en lo político: si no logran ponerse de acuerdo en sus tesis del derecho procurador y fiscal es, por supuesto, porque tienen diferencias ideológicas en cuanto a lo que este proceso de paz significa. Y no podemos llegar a tal grado de polarización. Esa rencilla se extrapola al resto de Colombia fácilmente.

Va a dar al caso del exministro Álvaro Leyva Durán, máximo representante de esta polémica, quien fue señalado por el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, de estar interfiriendo con el proceso de paz. Parecería entonces que, dentro de los intereses del Gobierno, algunos sí pueden ir a La Habana a conversar con las Farc, pero otros no. Preguntamos, de nuevo, ¿dónde está el rasero? ¿Cómo podría ampliarse la participación? Lo mejor que le puede pasar a este proceso, si se quiere hacer bien, es que haya una amplia participación en el tema particular de la política: que interesados calificados, no solamente los que le interesan al Gobierno —incluso sus malquerientes serían útiles—, puedan ir también, con el aval, por supuesto, para que todo se haga en regla.

Y no solamente debería quedarse la participación en La Habana directamente. También en el país, con mesas de concertación locales —como se ha hecho con otros puntos—, que redunden en lo que allá se habla.

No está de más poner la casa en orden a la luz del debate que se ha despertado en los últimos días. Que tanto hermetismo no dañe la razón de ser de un proceso de paz.

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