La inutilidad de la cadena perpetua

La idea de que a mayores penas se producen menos delitos ha sido desvirtuada por la academia y denunciada como “populismo punitivo”.

Entendemos y compartimos la necesidad de honrar a Samboní y a tantas otras, pero la mejor manera de hacerlo es dejando de lado las soluciones fáciles que en realidad son cantos de sirena, como la cadena perpetua.Óscar Pérez/El Espectador

La violación y asesinato de Yuliana Samboní es una tragedia indescriptible. Colombia, desgraciadamente, parece ser tierra fértil para este tipo de bajezas: cada día 21 niñas entre 10 y 14 años son violadas, según un informe del Fondo para las Poblaciones de las Naciones Unidas. Según Plan International, el año pasado 2.011 niñas entre 0 y 4 años fueron abusadas sexualmente en Colombia. La rabia y la indignación que muchos colombianos han expresado en estos días es síntoma del dolor acumulado que genera vivir en un país hostil hasta para los más indefensos. Con todo, eso no es motivo para sucumbir ante los cantos de sirena del populismo punitivo.

Nos referimos a la propuesta de revivir la cadena perpetua como sanción para quienes violen menores de edad. Cristina Plazas, directora del ICBF, fue la primera funcionaria de alto rango que solicitó al Congreso considerar de nuevo esta pena. Pronto, personas de todo el espectro político se unieron al llamado. Ayer supimos que el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, introdujo un proyecto de ley llamado “Ley Yuliana”, para que, en sus palabras, “quienes violen un niño o niña se pudran en la cárcel”. La iniciativa parece contar con un apoyo popular abrumador, como en las épocas en que la senadora Gilma Jiménez construyó su proyecto político alrededor de una propuesta similar.

Es en estos momentos de justa rabia cuando una sociedad tiene que mirarse al espejo y hacerse las preguntas fundamentales: ¿queremos construir nuestro sistema penal, el más invasivo, por definición, de las libertades individuales, sobre una idea de venganza o darle un propósito de rehabilitación? El debate no es nuevo y, por lo mismo, abundan los argumentos que nos llevan a pedir cautela: aunque los propósitos de justicia que envuelven este apoyo a la iniciativa sean loables, la cadena perpetua no va a solucionar nada.

Primero, porque parte de una idea que no está probada científicamente sobre los violadores y es que se trata de enfermos mentales incapaces de rehabilitarse. Es fácil equiparar a quienes cometen estos crímenes a figuras monstruosas, pero no podemos olvidar que ellos también tienen derechos. Más aún porque las tasas de reincidencia en estos crímenes son menores de lo que la opinión pública cree. Un estudio de Human Rights Watch, por ejemplo, concluyó que tres de cada cuatro personas condenadas por crímenes sexuales no reincidieron, y que esa cifra puede disminuir si se invierten en acompañamientos psicológicos eficientes.

Segundo, no hay ninguna prueba de que la cadena perpetua intimide a quienes cometen esos crímenes. La idea de que a mayores penas se producen menos delitos ha sido desvirtuada por la academia y denunciada como “populismo punitivo”.

Tercero, introducir la cadena perpetua implicaría reformar la Constitución y abandonar por completo la política criminal que ve la cárcel como un espacio de resocialización. No somos ingenuos: sabemos que, en gran parte por el hacinamiento y la ausencia de recursos, ese objetivo de rehabilitación está fallando, pero la solución no es rendirnos y ya. Nos da más réditos como sociedad apostarle a un sistema penitenciario mucho más humano, que simplemente esperar que la gente “se pudra” en la cárcel.

Cuarto, y relacionado con la idea de las penas eternas, son los costos. El sistema, de por sí, está colapsado. Alargar la estadía de los presos es seguir alimentando ese “estado de cosas inconstitucional” que hay en las prisiones del país y que la Corte Constitucional ha denunciado en numerosas ocasiones.

Quinto, hay mejores formas de emplear los recursos para garantizar la seguridad de nuestros menores. Primero, reducir la impunidad en estos delitos, que ya de por sí tienen penas considerables. Segundo, afrontar en serio la guerra cultural que ha creado un ambiente complaciente con la violencia sexual, especialmente la que está motivada por el género.

Entendemos y compartimos la necesidad de honrar a Samboní y a tantas otras, pero la mejor manera de hacerlo es dejando de lado las soluciones fáciles que en realidad son cantos de sirena, como la cadena perpetua, y empezar con las reformas estructurales necesarias para combatir la violencia sexual.

 

 

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